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Profesionales
REVOCATORIA DIRECTA
SCARE solicita al MinSalud derogar resolución sobre RIPS y facturación electrónica
La ley determina que el Ministerio junto con la DIAN, definirá los lineamientos, soportes y términos de la factura electrónica en salud
Miércoles, 20 de marzo de 2024, a las 14:21
Patricia Vélez Camacho, presidente Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE). |
Redacción. Bogotá
La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación ha emitido un comunicado en el que solicitan al Ministerio de Salud revocar directamente o derogar la Resolución 2275 de 2023 y evitar la expedición del proyecto que busca ampliar el plazo para su entrada en vigencia. Según ha enfatizado la SCARE, estas medidas vulneran la reglamentación actual y afectan negativamente los derechos de los profesionales.
En primer lugar, la SCARE ha remarcado que tanto la Resolución 2275 como el proyecto de resolución violan el artículo 15 de la Ley 1966 de 2019, que regula la Factura Electrónica en Salud. Esta ley establece que el Ministerio, en coordinación con la DIAN, definirá los lineamientos, soportes y términos asociados con la factura electrónica en salud.
Sin embargo, la resolución y el proyecto no definen lineamientos, sino que añaden un requisito adicional, lo cual excede la autoridad dada por la ley al Ministerio de Salud.
Además, el gremio ha asegurado que se evidencia una aparente contradicción con la Resolución 2284 de 2023, expedida también a finales del año pasado, que prohíbe a las entidades responsables de pago exigir un proceso de auditoría previa para radicar facturas. No obstante, la Resolución 2275 introduce un mecanismo único de validación por parte del Ministerio de Salud, lo cual va en contra de esta disposición.
La Resolución 2275 también establece un plazo de 22 días hábiles para radicar facturas y RIPS aprobados por el mecanismo único de validación del Ministerio. Si este mecanismo falla o no opera a tiempo, los médicos podrían perder la oportunidad de radicar sus facturas, lo que constituiría una violación de sus derechos al trabajo y al pago de su remuneración.
Por último, la SCARE recalca que la Resolución 2275 aún no ha entrado en vigencia, por lo que la facturación debe realizarse conforme a las normas actuales. Por lo tanto, solicitan al Ministerio de Salud reconsiderar su expedición y evitar cualquier otra norma que amplíe su entrada en vigencia. Argumentan que estas medidas podrían perjudicar seriamente a los profesionales y contravenir las leyes de la República.
