Edición Médica

Pedro Amariles Muñoz, coordinador del grupo de investigación Promoción y Prevención Farmacéutica.

Redacción. Bogotá
La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia las limitaciones que varios países presenta, sobre todo los países con ingresos económicos bajos-medios, para garantizar la disponibilidad y acceso a productos farmacéuticos esenciales, respecto a procesos de prevención y atención en salud de personas con la enfermedad.
 
De acuerdo con, Pedro Amariles Muñoz, coordinador del grupo de investigación Promoción y Prevención Farmacéutica y profesor titular de la Universidad de Antioquia, esta situación se ha atribuido principalmente a la dependencia de estos países de importaciones de productos como equipos y dispositivos médicos, medicamentos, y principios activos y excipientes requeridos para la manufactura de productos farmacéuticos. 
 
Asimismo, ha explicado que, en el escenario global, esta situación se hizo mediática por el caso de las vacunas contra la COVID-19, debido a la clara inequidad, en la disponibilidad y acceso a este tipo de productos, acorde con los ingresos económicos de los países.
 
No obstante, en el caso de Colombia, también se manifestado el desabastecimiento de otros medicamentos “cuya manufactura es relativamente más sencilla. Es decir que, desde hace ya unos 10-12 meses, se ha evidenciado con medicamentos sedantes, analgésicos y relajantes musculares, fundamentales para la adecuada atención de los pacientes con COVID-19 (u otros problemas de salud) ingresados alas UCI”, ha expresado el profesor de la UdeA.
 
De igual forma, Amariles Muñoz ha asegurado que, en el contexto de la pandemia, la inequidad entre países, “aunque preocupante, se acepte y facilite la identificación de la necesidad existente de adelantar acciones orientadas a mejorar la soberanía y autonomía con los productos farmacéuticos”.
 
No obstante, el agravamiento de esta inequidad al interior del país, por condiciones geográficas y sociales, “podría ser menos aceptable y demandar soluciones inmediatas y efectivas, las cuales, por su complejidad, deben ser intersectoriales e interinstitucionales”, ha asegurado el coordinador.
 
Sobre la inequidad agravada territorios marginales del país
 
Amariles Muñoz ha resaltado que, aunque la situación descrita para los medicamentos requeridos en las UCI “es preocupante para el país, demanda acciones concretas orientadas a solucionarla, y la misma tiende a ser más notoria en ciertos territorios de Colombia. En este sentido, la situación es más sentida y sufrida en los departamentos marginales y periféricos (territorios nacionales, hasta la Constitución de 1991), como ha sido el caso del departamento del Caquetá”.
 
Es así que, la situación de las Instituciones de Salud que atienden pacientes en UCI, como ha sido el caso de la Clínica Medilaser S.A y Hospital Departamental María Inmaculada, en este territorio “podría servir de ejemplo de esta inequidad agravada y menos aceptada”.
 
Al respecto, directivos de estas dos instituciones han manifestado en sus redes sociales, la imposibilidad que presentan a la hora de adquirir sedantes, analgésicos, bloqueadores neuromusculares y algunos antibióticos (de elección y alternativos), en cantidades necesarias para tratar a los pacientes en UCI, “al menos por 20 días promedio requeridos; lo que los obliga a orientar la remisión de pacientes, desde sus respectivas instituciones, debido a que, por el desabastecimiento de estos productos, no pueden ser atendidos adecuadamente”, ha insistido Amariles Muñoz.
 
Cabe resaltar que, esta problemática ha sido comunicada al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad que propuso como solución el listado con los contactos de los titulares e importadores de medicamentos declarados como vitales no disponibles autorizados en el país.
 
“Esta orientación, que puede ser una opción para los grandes departamentos que cuentan con grandes ciudades urbanas, no ha sido solución para el Caquetá, pues la respuesta que reciben, al contactar a dichos titulares, es que no tienen disponibilidad de dichos productos, debido a que se tienen reservados para otras instituciones”, ha señalado Amariles Muñoz.
 
“Es probable que las reservas argumentadas sean para instituciones hospitalarias de ciudades que cuentan camas UCI que superan los miles y, por tanto, con mayor probabilidad de generar mejores relaciones comerciales que las instituciones del Meta. Además, la ausencia de establecimientos farmacéuticos mayoristas y las limitaciones para el acceso vial en estos territorios marginales, complejizan más la situación. Por tanto, en Colombia, existe inequidad en la disponibilidad y acceso a medicamentos (similar a la existente en otros campos), entre los territorios urbanos y los periféricos”, ha esclarecido el investigador.
 
Inequidad en el acceso y disponibilidad en los medicamentos monopolio de Estado
 
Adicional a ello, Amariles Muñoz ha recalcado que los departamentos marginales son los que tienen mayor probabilidad de presentar desabastecimiento de productos comercializados por terceros, también sean los que carezcan de la disponibilidad de los medicamentos monopolio del Estado, caso de la morfina e hidromorfona.
 
Por ello, el Estado colombiano deberá establecer mecanismos inmediatos y efectivos que, mínimo con los medicamentos que son de su competencia, en estos Departamentos no se presente inequidad en el acceso y disponibilidad.
 
Sobe las posibles alternativas posibles de solución
 
Según ha resaltado Amariles Muñoz, la pandemia ha dado cuenta de la necesidad que tiene e país de contar con una Política Pública, orientada a garantizar la autonomía con productos farmacéuticos: dispositivos y equipos médicos, materias primas y medicamentos, incluyendo vacunas, de interés público”.
 
En este sentido, en el Congreso ha cursado una iniciativa legislativa (Proyecto de Ley 372 de 2020 de Senado), cuya versión, posterior a ajustes notorios del texto inicial, acorde con sugerencias y observaciones generadas desde diferentes actores y sectores, fue aprobada en primer debate el pasado 16 de junio de 2021, en la comisión sexta del Senado de Colombia.

El coordinador ha explicado que, “aunque queda mucho trabajo por hacer, el proyecto de Ley 372 de 2020 es un punto de partida para avanzar, de forma articulada y colectiva, en la consolidación de una política pública de soberanía con los productos farmacéuticos y, con ello, disminuir la dependencia existente a la importación de los mismos”.
 
No obstante, en el camino que le queda por recorrer en el Congreso del país, Amariles Muñoz ha aseverado que este proyecto requiere seguir ajustándose con nuevas sugerencias o aportes, provenientes de los grupos de interés en este tema.
 
“Dichas sugerencias, además de su esencia deben tener como propósito superior el beneficio colectivo, la salud pública y el logro unas mejores condiciones para los colombianos. En ello, resulta fundamental la articulación público-privada y académica del país (Universidad, Empresa y Estado), al igual que de las capacidades y la institucionalidad relacionada que existe en el país”, ha concluido el profesor de la UdeA.

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