Edición Médica

Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la participación ciudadana.

Redacción. Bogotá
A través de una encuesta realizada por la Contraloría General de la Nación, esta entidad ha logrado evidenciar las principales problemáticas que han denunciado los diferentes profesionales de la salud durante la pandemia, dentro de las denuncias más frecuentes se encuentran las vinculaciones laborales informales, elementos de bioseguridad insuficientes, y cambios en sus contratos.
 
La encuesta que ha sido desarrollada en los 32 departamentos del país y ha contado con la participación de 12.230 trabajadores de la salud, dentro de los que se encuentran 3.073 médicos, 1.360 enfermeras, 437 bacteriólogos, 190 instrumentadores quirúrgicos, entre otros.
 
El ente de control ha evidenciado que cerca del 40 por ciento de trabajadores de la salud cuentan con un contrato laboral a tiempo indefinido, mientras que el otro 60 por ciento ha denunciado vinculaciones laborales inseguras, como contratos por prestación de servicios, contratos tercerizados y otros más, contratos provisionales.
 
Frente a estos resultados, el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, ha señalado que el derecho laboral busca brindar cierta favorabilidad para los trabajadores, y ha manifestado que en el sector salud los niveles de informalidad laboral que se han conocido son alarmantes. “Estas condiciones de tercerización e informalidad no garantizan las condiciones laborales del personal de la salud, sobre todo en estos momentos de crisis”, ha señalado Pineda.
 
Así mismo, en el sondeo se ha podido evidenciar que durante la pandemia las irregularidades y precarias condiciones laborales han aumentado, pues según el estudio, cerca del 45 por ciento de los encuestados ha denunciado que en el centro asistencial donde trabajan sus contratos han sido modificados y les han quitado o aumentado las horas laborales, de igual manera, el 22 por ciento de los entrevistados han manifestado que debido a los cambios en sus jornadas laborales, sus ingresos también se han visto afectados.

Las condiciones laborales no son las únicas problemáticas que se han evidenciado en el sondeo, pues a estas se le suma el retraso en el pago salarial de los trabajadores, el 14 por ciento le ha indicado a la Contraloría que no reciben pago hace tres o seis meses, y un tres por ciento, de igual manera, ha señalado que el retraso en su pago se ha presentado hace más de 10 meses. Este tipo de situaciones se han venido presentando con mayor frecuencia en departamentos como Antioquia, Caquetá y Cesar.
 
Una de las denuncias mas graves conocidas por el ente de control tiene que ver con los elementos de protección y bioseguridad para el talento humano en salud durante la pandemia por CoVID19, pues el 47 por ciento de los trabajadores han tenido que adquirir sus propios elementos de protección. Frente a esa situación en particular, los profesionales han indicado que han tenido que adquirir cerca de 2.379 caretas de protección, 2.050 monogafas, 2.881 tapabocas N95 y 1.135 batas manga larga. 
 
Finalmente, la Contraloría ha revelado que el 56 por ciento de los entrevistados ha señalado que se siente medianamente seguro en su lugar de trabajo, el 14 por ciento ha asegurado no sentirse seguro y solo un 30 por ciento ha manifestado estar completamente seguro en su lugar de trabajo.
 
EL dato
 
Los departamentos más inseguros para la misión médica son Antioquia, Cesar, Caquetá, Santander, Valle del Cauca, Arauca, Caldas, Norte de Santander, Cauca y Meta.
 

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