Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI.

Redacción. Bogotá
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) ha alertado sobre el grave deterioro financiero que enfrenta el sistema de Salud colombiano, tras presentar su análisis técnico durante la tercera sesión de la mesa de revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), convocada por el Ministerio de Salud y Protección Social por orden de la Corte Constitucional.
   

Durante esta sesión, centrada en el componente de siniestralidad de la UPC, se ha revelado que, para el año 2024, por cada 100 pesos que recibió el sistema por concepto de UPC se gastaron en promedio 109,5 pesos en servicios de Salud, lo que representa un déficit operativo que pone en jaque la sostenibilidad del modelo actual.
 
Al respecto, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, quien también ha participado en la tercera reunión del grupo técnico para revisar la UPC, ha comentado: “Dejamos nuestras observaciones, estudios y cálculos, procurando un escenario verdaderamente técnico y que aporte a la discusión. Tenemos enorme responsabilidad con pacientes y usuarios y esperamos así lo entiendan quienes asisten desde el gobierno nacional”.
 
En ese contexto, ACEMI ha expuesto que la siniestralidad (indicador que mide la relación entre los costos de atención y los ingresos recibidos por la UPC) ha mostrado un deterioro sostenido en los últimos años, pasando de 100,9 por ciento en 2021 a 109,5 por ciento en 2024. Esto significa que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están cubriendo más servicios de los que sus ingresos permiten financiar, generando un déficit de 5,95 billones de pesos solo en 2024, sin incluir los 5,2 billones de pesos correspondientes al gasto administrativo.
 
Además, se ha advertido que estas cifras no incluyen la información de la Nueva EPS, cuyo reporte financiero de 2024 aún está pendiente, por lo que el déficit real podría ser aún mayor.
 
El documento técnico radicado por ACEMI calcula que el crecimiento desbordado de la siniestralidad ha generado una deuda actuarial de la Nación con el sistema de salud entre el 1,5 y el 1,8 por ciento del PIB, equivalente a un rango entre 26,3 y 33 billones de pesos. Esto se asigna, en parte, al estancamiento del presupuesto de salud como proporción del PIB desde 2017, a excepción de los recursos extraordinarios asignados durante la pandemia de COVID-19.
 
Efectos estructurales: descapitalización y presión sobre reservas técnicas
 
El crecimiento de la siniestralidad ha tenido consecuencias directas sobre la estabilidad del sistema, incluyendo:
   
La agremiación ha reiterado la necesidad de que las sesiones técnicas sean espacios estrictamente orientados al análisis, sin juicios de valor ni señalamientos, y que el Ministerio garantice la entrega oportuna de información preparatoria clave (bases de datos, presentaciones, actas y estudios).
  Se espera que la próxima sesión, programada para después de Semana Santa, se enfoque en el análisis del impacto de las inclusiones en la prima, un aspecto clave para proyectar ajustes urgentes al modelo de financiación.

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