Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Redacción. Bogotá
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) ha publicado su análisis técnico para determinar el ajuste necesario a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que debería entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2025. El gremio ha reiterado que este cálculo será clave para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano, en un contexto marcado por déficit acumulados y alta siniestralidad.
 
El estudio de ACEMI ha incluido datos suministrados por ocho EPS afiliadas, que representan el 65.3 por ciento del Régimen Contributivo y el 27.7 por ciento del Régimen Subsidiado, excluyendo a la Nueva EPS, que cubre al 22.7 por ciento de los afiliados y cuyos registros no fueron considerados. En total, se analizaron 532,5 millones de registros, con un valor reportado de 35,8 billones de pesos, de los cuales el 95,9 por ciento fueron validados, representando costos por 31,7 billones de pesos.
 
De acuerdo con el gremio, esta validación supera significativamente el alcance del ejercicio realizado en 2024, que solo incluyó 13,1 millones de afiliados y costos por 16,8 billones de pesos, demostrando una mejora en la calidad y alcance de los datos para el cálculo de la UPC de 2025.
 
Elementos clave para el cálculo de la UPC
 
ACEMI ha subrayado la importancia de incluir criterios técnicos y actuariales para una correcta actualización de la prima de riesgo, entre los que destacan:
Además, el gremio ha advertido que cualquier inclusión de nuevas tecnologías debe ser financiada adecuadamente para evitar sobrecargas en el sistema.
 
El informe ha destacado que una mala actualización de la UPC puede llegar a profundizar la crisis financiera que enfrenta el sector. Actualmente, la siniestralidad agregada del sistema asciende al 108 por ciento, lo que significa que, por cada 100 pesos recibidos, las EPS gastan 108 pesos. Este déficit, acumulado en los últimos tres años, alcanza los 6,3 billones de pesos, excluyendo costos administrativos.
 
Adicional a ello, ACEMI ha enfatizado que la UPC es fundamental para la protección financiera de los hogares y el financiamiento de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Por ello, la actualización debe ser rigurosa y técnica para garantizar la estabilidad del sistema de salud.
 
Por último, la asociación ha hecho un llamado al Ministerio de Salud para priorizar el análisis técnico y actuarial en la definición de la UPC, subrayando que esta decisión será crucial para asegurar el acceso y la calidad en la atención de los colombianos en 2025.

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