Edición Médica

Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).

Melba lucía Murillo. Bogotá
Los hospitales públicos y las clínicas privadas continúan afrontando un sinnúmero de problemas económicos, generados por la deuda de más de 18,9 billones de pesos que aún sigue sin ser cancelada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Situación que se empeora aún más con el no cumplimiento de los contratos fijados con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), lo que dificulta la disponibilidad de insumos y el pago del talento humano.
 
Nos obstante, Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), ha asegurado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA que esta situación puede ser resuelta por el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las mismas EPS, una vez que reconozcan y paguen la deuda; como también la inyección inmediata de recursos financieros para cubrir los pasivos de vigencias anteriores y el pago de las obligaciones contractuales de la vigencia actual.
 
Zuluaga ha insistido en que la crisis financiera de los hospitales públicos genera un gran riesgo en el acceso efectivo a los servicios de Salud. “Nuestro principio ético es la protección de la vida y la salud de la población es por ello que, a pesar de la iliquidez que atraviesan los hospitales, no podemos promover una suspensión de la prestación de servicios de manera voluntaria”, ha enfatizado.
 
Nuevamente, la directora de ACESI hace un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a las EPS para que se busque una salida y se gestionen los recursos necesarios que permitan el acceso y operación de los servicios de salud en pro de garantizar el derecho fundamental a la Salud.
 
“Debemos trabajar unidos para sacar adelante el Proyecto de Ley que busca hacer una Reforma al Sistema de Salud, pero mientras esto ocurre, es necesario que se tomen decisiones inmediatas para evitar el colapso de las instituciones públicas”, ha insistido Zuluaga.
 
Para la directora, es necesario el pago del 100 por ciento de los recursos de cápita corriente, pero también es igual de importante que se reconozcan las deudas antes de que la Superintendencia Nacional de Salud proceda con la intervención de las EPS que no cumplen con los requisitos de sostenibilidad financiera. Además, es preciso pactar acuerdos de pago a mediano y corto plazo, “de lo contrario existe un grave riesgo en su sostenimiento y lo peor, en el cumplimiento de los pagos al talento humano y los proveedores”, ha agregado.
 
Suspensión de servicios y dificultades en la atención médica
 
A esta alerta económica que hace ACESI, se suman las dificultades que se están generando con el valor de las minutas que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) ha enviado a varios de los hospitales con tarifas 2024, para la prestación del servicio en Salud para el año 2025.
 
Esta situación es preocupante para el gremio de hospitales, debido al incumplimiento de pagos, esto pese a que las autoridades ya lo habían definido, “es decir, debían cancelar una vez radicaran el 50 por ciento de su facturación y después de la auditoría se cancelaba el resto y hasta la fecha no se ha hecho lo pactado”, ha remarcado Zuluaga.
 
“En lo pactado sobre el método de pago, muchas de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) están a la espera y lo peor, es que están acumulando la facturación y eso se convierte en cartera sin cancelar. Por esta razón, a nivel nacional han decidido suspender la atención en salud al ministerio, por la falta de garantías por parte del FOMAG en el cumplimiento de los compromisos”, ha expresado Zuluaga.
 
Por último, la directora de ACESI señala que el gremio reafirma su compromiso con la defensa de los derechos y el fortalecimiento de las capacidades de los hospitales públicos, “en pro de garantizar una atención en salud de calidad para los colombianos, por tal razón reiteramos que el no formalizar oportunamente los contratos con condiciones justas y equitativas pone en peligro la prestación de servicios a los docentes y afecta la estabilidad de los hospitales públicos”.

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