Edición Médica

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públicos (ACESI).

Redacción. Bogotá
Tras el contundente informe de la Contraloría General de la República, ampliamente divulgado por varios medios de comunicación, se reveló una alarmante realidad: apenas cinco EPS (Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud) podrían mantener sus operaciones en el país.
 
Las restantes no alcanzan los mínimos de margen de solvencia ni cumplen con la provisión ni el régimen de inversión de las reservas técnicas. Además, todas las 26 empresas promotoras de salud acumulan una deuda de 25 billones de pesos con IPS públicas y privadas, así como con proveedores, sumiendo al sistema en una crisis sin precedentes.
 
¿Cómo se llegó a esta situación crítica? La directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana Empresas Sociales del Estado y de Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, ha hecho hincapié en la génesis de esta debacle financiera.
 
Se remonta al entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, quien, a través de los Decretos 2702 de 2014 y 2117 de 2016, conocidos como la "Unificación de Solvencia Financiera de las EPS", relajó las condiciones para las entidades promotoras de salud del Régimen Subsidiado y Contributivo. Aunque se intentó ampliar el plazo para su recuperación de siete a diez años, con el objetivo de que cumplieran con sus obligaciones financieras, lamentablemente, esto nunca se materializó.
 
Durante la última década, estas EPS no lograron capitalizar y sus cifras financieras fluctuaron dramáticamente, sumergiéndose en un ciclo de números en rojo y negro. Los recursos destinados a su capitalización nunca llegaron, desviándose incluso a la integración vertical de sus grupos empresariales o al extranjero, como se ha documentado en algunos casos de EPS liquidadas o en proceso de liquidación.
 
La vocera gremial resaltó que, si el gobierno actual aún adeuda a estas empresas 3 billones de pesos, es imperativo cuestionar qué sucederá con el resto del dinero y por qué administraciones anteriores permitieron que las deudas y las condiciones financieras de estas instituciones alcanzaran tal magnitud.
 
"Es importante destacar que todos los intentos de programas de reorganización financiera han fracasado. Como resultado, es probable que todas o casi todas estas EPS terminen en liquidación. Esto, a su vez, conlleva a una situación preocupante: los recursos adeudados por estas EPS a todos los proveedores de servicios de salud no garantizan el pago de los servicios prestados a la población a su cargo. Es necesario el reconocimiento y pago de esta deuda por parte del gobierno nacional, una acción que solo será posible con la aprobación de la reforma a la salud", ha concluido Zuluaga.

---