Edición Médica

Gloria Elena Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios Sánitas.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
La crisis financiera que hoy presentan las Entidades Promotoras de Salud, como lo está afrontando la EPS Sánitas ha sido generada por la no liquidación completa de los Presupuestos Máximos. Las directivas de esta entidad aseguran que de los 55 mil millones que se facturan al mes por este concepto, el Estado reconoce 32 mil millones de pesos, dejando un faltante de 23 mil millones de pesos por entregar.

Ante dicha situación es que la Asociación de Usuarios Sánitas pide la intervención urgente de los entes de control como lo son: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y del Congreso de la República para que le exijan al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social cumplir con los pagos como debe ser.

Sobre el tema y en entrevista con EDICIÓN MÉDICA, la presidenta de la asociación Gloria Elena Quiceno, ha expresado “este no puede ser un diálogo de sordos y el Gobierno Nacional no está entendiendo que el problema financiero que se está registrando desde hace años atrás, no sólo es responsabilidad de las EPS sino también del Estado, porque está en juego la vida de las personas y este es un derecho constitucional”

Además, ha sido clara al decir “aquí el problema se centra en que los dineros de los Presupuestos Máximos no han sido reconocidos como debe ser, así lo aseguran las directivas de la gran mayoría de las EPS, en este caso Sánitas. El Gobierno no puede ahora decir que esa no es su responsabilidad porque son deudas de anteriores gobiernos. Aquí hay un problema que se debe solucionar, porque son millones de usuarios los que están sufriendo y poniendo en riesgo sus vidas”.

Declaración

Para explicar más sobre el contexto que hoy afronta la EPS Sánitas, el presidente de la entidad Juan Pablo Rueda, en rueda de prensa y de la cual este medio de comunicación participó de una manera virtual ha reiterado “el faltante de los dineros del Presupuesto Máximo que el Gobierno debe entregar cada mes y desde el 2008 hasta el 2023, esa cifra suma un billón de pesos y es por eso, es que no hemos podido pagarle a los proveedores, entre los que se encuentra Cruz Verde, por el suministro de medicamentos durante tres años por una cifra de 400 mil millones de pesos”.

En el encuentro con los medios de comunicación, Rueda ha afirmado que “la crisis se viene presentando desde hace tres años, antes del 2020 pagábamos todos a tiempo, pero por la acumulación del faltante de los Presupuestos Máximos, la situación se fue poniendo difícil y por más que hemos tratado de explicarle al Ministerio de Salud que estos dineros no alcanzan porque hay servicios que no hacen parte del Plan Básico de Salud, PBS y deben ser asumidos con estos recursos, lo que no ha querido entender. Que los pagos se hagan de una manera oportuna, no quiere decir que son suficientes, porque esta situación es la que ha generado la crisis presupuesta de la EPS”.

También ha dicho “tenemos operación en 500 municipios y tenemos contratación de servicios de salud con cerca de 3.000 instituciones, laboratorios y proveedores de medicamentos, por eso confiamos en que el Gobierno ha entendido la gravedad de la situación y que va a trabajar activamente en corregirla. Nuestros afiliados pueden seguir esperando de nosotros lo que han recibido en estos últimos 28 años”.

Por esta crisis que hoy afrontan no sólo las EPS sino los millones de usuarios, Gloria Quiceno ha  expresado que el “Ministerio de Salud asegura que entrega los recursos a tiempo, sí, eso está claro, pero lo que no cuadra, es que no son completos y siempre queda un déficit que ha venido sumando durante tres años y hoy Sánitas, como lo afirman las directivas de esta entidad, presentan un faltante millonario  Lo que debemos de evitar es que crezca la crisis humanitaria, porque en sólo en esta EPS, hay seis millones de usuarios  que están afrontando una serie de dificultades y están poniendo sus vidas en riesgo, por eso elevamos un grito desesperado para que se busque una solución antes de que sea tarde para miles de personas que hoy requieren de los medicamentos y de la atención en salud”.

A este llamado se suma el fallo emitido el 30 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cual determinó decretar como medida cautelar de urgencia a la adopción de un plan de respuesta urgente a la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos. En el que pide que se elabore un plan en forma conjunta por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y en que se debe incluir, de manera específica, las gestiones que se adelantarán con respecto a la disponibilidad de los medicamentos priorizados frente a las necesidades de la población.

El dato

En días pasados, en una de las ediciones de este medio de comunicación se dio a conocer el comunicado emitido por el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá en el que afirman que la atención de los pacientes y la entrega de medicamentos no debe verse afectada y que son la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social están en la obligación de “conjurar crisis asistencial que está poniendo en peligro a los están en la obligación de “conjurar crisis asistencial que está poniendo en peligro a los pacientes” y deben dar una solución a dicha problemática.
 

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