Edición Médica

Horacio Bustamante, presidente Unión de Trabajadores Penitenciarios.

Wilmer Mejía. Bogotá.
Una de las poblaciones más vulnerables y las que han enfrentado grandes números de contagios por CoVID19 en el país, es la de las personas que están privadas de la libertad en centros penitenciarios. Hacia el mes de mayo, la cárcel de Villavicencio fue uno de los centros penitenciarios que más casos positivos tuvo dentro de sus instalaciones, con este centro carcelario, son 7 las cárceles que presentan contagios en los reclusos y los guardas de seguridad.
 
Los problemas de salubridad que ha enfrentado el sistema penitenciario nacional, no solo se ha resumido a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, pues en entrevista con EDICIÓN MÉDICA, el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Horacio Bustamante, ha indicado que el modelo de salud al que los guardas y los reclusos se ven enfrentados no es el mejor, ya que la atención médica y hospitalaria se ve afectada debido al poco presupuesto que se designa para esta actividad.
 
De igual manera ha manifestado que otra de las problemáticas a las que se ven enfrentados tiene que ver con el hacinamiento que se presenta en los centros de reclusión, pues según Bustamante, “cualquier gripa se vuelve una enfermedad para todos los reclusos, un brote de tuberculosis se convierte en un problema grave en el establecimiento.”
 
Ha señalado que estas enfermedades fuera de una cárcel se pueden manejar de la mejor manera, pero dentro de las prisiones su contagio es más alto y rápido, haciendo que no se pueda dar un manejo adecuado.
 
Cárceles y CoVID19
 
Bustamante ha asegurado que desde que llegó la pandemia al país la crisis de salubridad penitenciaria ha empeorado y ha manifestado que esto se ha debido a los pocos recursos económicos que destinan y a las malas contrataciones de Entidades Prestadoras de Salud, para que manejen la situación al interior de los penales.
 
Ha denunciado que el personal médico y profesional de salud que prestan sus servicios en los reclusorios nacionales no lo hacen de una manera idónea, ya que se ven obligados a cumplir horarios de trabajo que no permiten que brinden atención a los internos las 24 horas del día.
 
El líder sindical ha señalado que, en cuanto a las garantías para la protección de los guardas y personal administrativo de las cárceles, han recibido algunos elementos de protección personal pero que estos han sido obtenidos mediante acciones de tutelas y ayudas sindicales de su gremio. También ha resaltado que algunas ocasiones, se ha evidenciado con mayor agilidad la ayuda de los sindicatos de trabajadores que del mismo Gobierno.
 
Frente a la atención y manejo de la pandemia con los internos, el presidente de la UTP ha indicado que la encargada de esto es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la cual se ha encargado de realizar tamizajes y entregar tapabocas y algunos otros elementos de protección para los reclusos.
 
De igual manera ha reconocido la labor de las personas privadas de la libertad en cuanto a las iniciativas de mantener medidas de protección como el lavado frecuente de manos, dentro de los penales, pero ha asegurado que esto no es suficiente ya que en palabras del dirigente, “ las condiciones de infraestructura de los centros de reclusión, dificultan la labor de aislar a los pacientes contagiados de los demás reclusos”, y se ha referido específicamente a casos como los de las cárceles de Villavicencio y Leticia donde la situación por contagios de CoVID19 ha sido grave.
 
Con respecto a la manera en cómo los reclusos se han contagiado, Bustamante ha indicado que “el CoVID19 ha llegado a tres establecimientos penitenciarios por personal médico sanitario, por enfermeras y médicos, y ha resaltado que la mayoría de casos positivos que se han presentado, han sido pacientes asintomáticos, sin embargo, les preocupa que, en la cárcel de Cali, los contagios aumenten ya que esta es por ahora, la cárcel con mayor hacinamiento del país.
 
Testeo de reclusos
 
Bustamante ha indicado que en reiteradas ocasiones le han solicitado al Gobierno Nacional que la población privada de la libertad tenga mayor prelación en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas para coronavirus, y así poder tomar las medidas epidemiológicas ordenadas por las autoridades sanitarias.
Ha señalado que, en caso de no poder acceder a un gran número de pruebas, esto se puede convertir en un problema de seguridad sanitaria en las diferentes regiones y municipios donde se encuentran ubicadas las cárceles.
 
Ha sido enfático en resaltar la situación de Villavicencio en donde “hubo libertades a personas contaminadas que estaban esperando el resultado de la prueba, y luego de su libertad, el municipio y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tuvo que buscarlos para decirles que estaban contaminados.”
 
Apoyo Gubernamental
 
Por último, el líder gremial le ha enviado un mensaje al Gobierno Nacional y le ha solicitado una reforma en el sistema de salud carcelario, ya que esta población es una de las más vulnerables del país, no solo en medio de la pandemia sino ante cualquier emergencia sanitaria que se pueda presentar. Así mismo les ha planteado la creación de un régimen especial de salud en la que se puedan acoger los más de 130.000 reclusos que en la actualidad hay en el país.

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