Edición Médica

Alfonso Prada, ministro del Interior.

Redacción. Bogotá
El Gobierno Nacional ha incluido a la Reforma a la Salud en el grupo de proyectos que serán tramitados por el ejecutivo durante las sesiones extraordinarias que iniciaron el pasado 6 de febrero, mediante el decreto 0224 del 2023.
 
“Acabamos de radicar en el Congreso de la República ante el presidente de la Cámara de Representantes el decreto que adiciona las sesiones extraordinarias para poder avanzar en el estudio del sistema de salud que hemos propuesto con el presidente Gustavo Petro a la cabeza y con la ministra de Salud al incorporarlo”, anunció el ministro del Interior Alfonso Prada.
 
En ese sentido, los presidentes de las siete comisiones de la Cámara de Representantes han establecido el acuerdo de tramitar la Reforma a la Salud como una ley ordinaria y no estatutaria, por lo que el debate se iniciará en las próximas semanas en la Comisión VII de esa corporación.

Esta decisión se ha llevado a cabo tras la reunión convocada por el presidente de la Cámara, David Racero, con el fin de solventar el conflicto de competencias de la reforma. Cabe mencionar que la adición del proyecto se dio a pesar de las múltiples voces que pedían tramitar la reforma como una ley estatutaria, argumentando que se trata de un modificación al derecho fundamental a la Salud.
 
“Las disposiciones contenidas en el proyecto regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, requieren ser sometidas a una discusión democrática y de control posterior cualificado propio de las leyes estatutarias”, ha establecido carta enviada a los presidentes del Congreso por más de 25 congresistas.
 
Por otro lado, según ha indicado el ministro del Interior, esta reforma "no modifica la definición ni el contenido principal del concepto del derecho fundamental de salud. Solamente recoge los instrumentos a través de los cuales se dota de eficacia material y eficacia plena el derecho fundamental a la Salud".
 
Cabe recalcar que, con esta decisión el Gobierno Nacional se arriesga a presentar vicios en el trámite del proyecto y a una posible declaración de inexiquibilidad de la norma por parte de la Corte Constitucional, lo que sería un alto costo político.

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