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Salud Pública
PENSIONES Y SALUD
CARF alerta que la Reforma a la Salud puede costar hasta 7 billones de pesos al año y señala 5 riesgos principales
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal se pronuncia respecto a las iniciativas legislativas de los sistemas de pensiones y Salud
Martes, 09 de mayo de 2023, a las 10:05
Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). |
Redacción. Bogotá
Las reacciones continúan en torno al futuro del sistema de Salud colombiano. Desde la perspectiva de los gremios médicos, agremiaciones de pacientes y diversos organismos representantes de las EPS, respecto al impacto de los cambios que vendrían con la Reforma a la Salud; recientemente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) se ha pronunciado sobre las iniciativas legislativas de los sistemas de pensiones y Salud.
Hace un año, el director técnico del CARF, Andrés Velasco, había hecho una presentación en la que recordó las funciones del organismo. En primera instancia está encargado de realizar el seguimiento a la Regla Fiscal y propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de conceptos no vinculantes al Gobierno Nacional.
En ese sentido, el CARF ha insistido en que existen riesgos el proyecto de reforma de Salud que podría costar entre 4 y 7 billones de pesos cada año, según ha indicado el Gobierno. Sin embargo, hay cinco riesgos identificados por el CARF que podrían aumentar el costo fiscal del proyecto.
En primera instancia, el costo de la atención primaria puede ser más alto de lo esperado. Segundo, el esquema de oferta propuesto puede generar pérdida de capacidad para controlar los costos de los servicios de Salud.
Por otro lado, puede haber una falta de capacidad para administrar los recursos en las diferentes regiones. Cuarto, puede haber una falta de capacidad para gestionar los riesgos inherentes a la prestación del servicio que la Nación asumirá en el nuevo esquema propuesto. Y quinto, se requerirá indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.
Adicional a ello, el CARF ha hecho un análisis preliminar ya que, según las estimaciones del Gobierno, los costos de la reforma superan entre COP 4 y 7 billones anuales, los ingresos disponibles del sistema de Salud en el horizonte de 2024-2027. Por lo que, el Gobierno deberá destinar recursos adicionales para cubrir los mayores costos por la reforma dentro de los límites que impone la Regla Fiscal.
De acuerdo con el organismo, el principal costo de los reportados por el Gobierno corresponde al asociado a los CAPS (alrededor del 27 por ciento del total de los gastos directos). Por lo tanto, una forma de mitigar el riesgo asociado a la construcción y administración de estos podría ser vía asociaciones público-privadas.
Los costos directos totales de la reforma serán evaluados por el CARF una vez el PL haya avanzado en su trámite por el Congreso de la República, ha enfatizado en su comnunicado, sin embargo, ha evidenciado que hay al menos cinco riesgos que son importantes y que se deben considerar en el debate actual del Proyecto:
1. Las estimaciones del Gobierno sobre la atención primaria podrían estar subestimadas, por los costos de adquisición o renta, y de dotación y contratación, para los centros de atención prioritaria en los diferentes lugares del país.
2. Potenciales excesos de gasto en la atención primaria. El esquema actual protege las finanzas públicas en la medida que cuenta con un administrador de los recursos, las EPSs, y una restricción presupuestal, la unidad de pago por capitación y el plan básico de salud. Un esquema de subsidios a la oferta podría resultar en excesos de gasto que recaerían directamente sobre las finanzas del Gobierno Nacional.
3. Insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones. La experiencia de la gestión regional de recursos de programas nacionales es mixta. Existen riesgos de control, focalización, gobierno y rendición de cuentas que deberían probarse antes de responsabilizar a instituciones regionales con cuantías tan importantes de recursos como los que administra el sistema de Salud.
4. Indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio en actividad legítima, a la luz del artículo 365 de la Constitución Política.
5. Falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio. En la actualidad los riesgos legales de la prestación de salud recaen, al menos en parte, en los prestadores y aseguradores privados. En la medida que la atención primaria podría prescindir de estas dos instancias, la Nación a través de las instituciones de administración de los recursos, asumiría todos estos riesgos.
2. Potenciales excesos de gasto en la atención primaria. El esquema actual protege las finanzas públicas en la medida que cuenta con un administrador de los recursos, las EPSs, y una restricción presupuestal, la unidad de pago por capitación y el plan básico de salud. Un esquema de subsidios a la oferta podría resultar en excesos de gasto que recaerían directamente sobre las finanzas del Gobierno Nacional.
3. Insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones. La experiencia de la gestión regional de recursos de programas nacionales es mixta. Existen riesgos de control, focalización, gobierno y rendición de cuentas que deberían probarse antes de responsabilizar a instituciones regionales con cuantías tan importantes de recursos como los que administra el sistema de Salud.
4. Indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio en actividad legítima, a la luz del artículo 365 de la Constitución Política.
5. Falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio. En la actualidad los riesgos legales de la prestación de salud recaen, al menos en parte, en los prestadores y aseguradores privados. En la medida que la atención primaria podría prescindir de estas dos instancias, la Nación a través de las instituciones de administración de los recursos, asumiría todos estos riesgos.
Finalmente, el CARF ha hecho una recomendación preliminar; se deberá valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto.
La adición de los recursos para la Salud provendría de las transferencias de la Nación a la ADRES, para el cierre del aseguramiento, con lo cual se sumaría a las inflexibilidades que ya caracterizan el presupuesto, lo que hace aún más difícil la gestión fiscal futura.
El dato
Cabe mencionar que, el CARF también ha sido el encargado de elaborar análisis de consistencia sobre: Las metas de la Regla Fiscal, Plan Financiero, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Marco de Gasto de Mediano Plazo, el Presupuesto General de la Nación, el Plan de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, otros instrumentos de política fiscal.
