Edición Médica

Redacción. Bogotá

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, ha radicado un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) por el presunto incumplimiento del fallo de tutela que le ordenaba determinar con claridad los criterios de cálculo para el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2025.

Radiqué una solicitud a la Corte Constitucional con el fin de que revise el aumento de la UPC para el año 2025, porque en el gobierno de @petrogustavo los mas vulnerables, quienes no pueden cotizar a salud, reciben una UPC menor a la que deberían. pic.twitter.com/BWBzBhO5cX

— Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) January 14, 2025

Este incidente se da luego de que la Corte Constitucional declarara el incumplimiento general en el componente de suficiencia de la UPC, evidenciando que el MSPS no ha superado fallas estructurales en el sistema de información del sector Salud.

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Entre las deficiencias señaladas, se destacan la falta de un mecanismo para contrastar los datos reportados por las EPS con los usados para calcular la UPC; poca confiabilidad de las frecuencias de uso de los servicios de salud registrados. Así como la deficiencia y baja calidad de la información empleada en el cálculo para ambos regímenes.

Según la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, estas fallas impiden calcular una UPC suficiente y afectan la estabilidad financiera del sistema de salud. La Corte también advirtió que el Ministerio no ha cumplido con la orden de equiparar el valor de la UPC del régimen subsidiado al 95 por ciento del régimen contributivo, manteniendo una brecha del 13,02 por ciento desde 2022.

Ante estas irregularidades, la Corte ordenó al MSPS crear una mesa de trabajo con actores del sector salud para revisar el cálculo de la UPC de 2024 y ajustar las primas de los años 2021, 2022 y 2023. No obstante, el Ministerio de Salud solicitó a la Corte Constitucional precisiones sobre el Auto 007 de 2025, argumentando que la declaratoria de insuficiencia de la UPC se basa en afirmaciones sin sustento técnico de EPS y gremios del sector.

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La cartera de salud también expresó preocupación sobre la posible anulación de la Resolución 2364 de 2023, que fijó el valor de la UPC para 2024, y pidió claridad sobre el monto que la Corte considera suficiente para garantizar la prestación de los servicios de Salud.

De igual forma, el MSPS advirtió que la instrucción de establecer una mesa técnica carece de lineamientos claros sobre su implementación, especialmente en cuanto a la representatividad de los actores y el mecanismo de decisión. También se plantea el riesgo de generar conflictos con las normas vigentes sobre fijación de la UPC, competencia que la ley asigna exclusivamente al Ministerio de Salud.

Preocupaciones de los actores del sistema

Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), se ha insistido en la grave incidencia de la subestimación del presupuesto de la salud en la atención a los pacientes, el flujo de recursos y las finanzas de proveedores, prestadores y EPS. En los últimos años, se ha reportado un incremento histórico de quejas, reclamos y tutelas, reflejando una crisis sistémica agravada por factores como el envejecimiento de la población, nuevas tecnologías, mayores expectativas de vida y un Plan de Beneficios en Salud (PBS) amplio.

Por su parte, la organización Pacientes Colombia ha enviado una carta a la Corte Constitucional en la que manifestó su preocupación por la solicitud del Ministerio, señalando que podría ser una estrategia para evadir el cumplimiento de la decisión del alto tribunal.

El debate sobre la financiación del sistema de salud en Colombia sigue abierto, con actores del sector exigiendo una solución estructural que garantice la sostenibilidad del sistema y la adecuada prestación de servicios a la población.