Edición Médica

Este cierre, implementado por Panamá, afecta directamente a municipios del Urabá-Darién.

Redacción. Bogotá
La Defensoría del Pueblo, a través de su Centro de Analítica de Datos en Derechos Humanos y su delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, ha desarrollado un modelo analítico prospectivo que evidencia la vulneración de derechos humanos ante el cierre terrestre de la frontera colombo-panameña en varios pasos del Tapón del Darién. Este cierre, implementado por Panamá, afecta directamente a municipios del Urabá-Darién, región que abarca aproximadamente 480.000 habitantes.
 
El estudio se ha centrado en los municipios de Carepa, Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá, Apartadó y San Pedro de Urabá en Antioquia, así como Acandí y Unguía en Chocó. Según el modelo analítico, si los cierres fronterizos provocaran la permanencia de entre el 10 y el 20 por ciento de la población migrante en esta subregión durante seis meses a un año, los municipios que experimentarían el mayor incremento de población serían San Juan de Urabá (2.9 por ciento), Arboletes (2.0 por ciento) y San Pedro de Urabá (1.9 por ciento).
 
La Defensoría del Pueblo ha revelado que el derecho esencial a la salud es uno de los más vulnerados en esta zona. Los registros del Sistema Vision Web indican que podría haber un aumento en la propagación de enfermedades y dificultades en la red hospitalaria para atenderlas. Se proyecta un incremento en la tasa de contagio de sífilis congénita (5.7 por ciento), chikunguña y dengue (5.2 por ciento), y leptospirosis (4.7 por ciento) por cada 1000 habitantes.
 
Asimismo, se ha identificado una significativa brecha entre el número de camas hospitalarias requeridas y las disponibles en los municipios analizados. Turbo necesitaría 461 camas, pero solo tiene 100 instaladas; Apartadó requiere 451 camas y cuenta con 291, mientras que Carepa necesita 179 camas y tiene 56 instaladas. La falta de camas hospitalarias podría agravar la situación ante posibles complicaciones de las enfermedades mencionadas.
 
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social, y a las autoridades sanitarias municipales y departamentales, implementar medidas preventivas para evitar el aumento de enfermedades. Es fundamental que las autoridades nacionales y locales activen mesas de gestión migratoria con enfoque humanitario para abordar de manera integral las problemáticas de la región.
 
Además, la Defensoría exhorta al DANE a realizar una caracterización sociodemográfica de la población local y migrante para identificar factores de vulnerabilidad, especialmente en salud, lo cual permitiría tomar decisiones de política pública adecuadas. También, se hace un llamado al Gobierno Nacional para mediar con las autoridades panameñas y asegurar el respeto a los derechos humanos y las normas internacionales sobre refugio y no devolución de migrantes.

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