Edición Médica

Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo.

Redacción. Bogotá
La Defensoría del Pueblo ha lanzado una nueva advertencia sobre el grave deterioro del sistema de Salud en Colombia, evidenciado en un aumento del 75,7 por ciento en las quejas presentadas en los últimos dos años. Entre los principales problemas reportados se encuentran la falta de oportunidad en la atención médica especializada, deficiencias en el acceso a servicios esenciales, retrasos en la entrega de medicamentos y el incumplimiento de fallos judiciales.
 

Según ha indicado la Defensoría, las quejas por demoras en citas con especialistas ascendieron de 4.262 en 2022 a 9.349 en 2024, mientras que los reclamos por falta de acceso a otros servicios médicos esenciales subieron de 4.607 a 7.714. La entrega tardía de medicamentos también se duplicó, alcanzando 5.284 quejas en lo que va de 2025.
 
Ante este panorama, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha enfatizado la urgencia de tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud, independientemente de la reforma en discusión. “No podemos permitir que los problemas de accesibilidad se conviertan en problemas de disponibilidad”, ha aseverado.
 
Ante este crítico panorama, la entidad ha propuesto acciones concretas para mitigar la crisis:
   
De igual forma, la entidad ha hecho un llamado al Gobierno para asegurar la estabilidad financiera del sector y pidió que la discusión sobre la reforma del sistema no genere retrocesos en la atención a los pacientes.
 
“La insuficiencia de recursos no puede ser excusa para condicionar la entrega de bienes y servicios de salud”, ha advertido Marín Ortiz, exigiendo soluciones urgentes tanto del Gobierno como de las entidades privadas del sector.
 
Un debate estructural pendiente
 
La Defensoría del Pueblo también ha insistido en la necesidad de un debate técnico y amplio sobre la reforma de salud. En un concepto enviado a la Comisión Séptima del Senado, la entidad destacó que cualquier cambio debe garantizar la sostenibilidad del sistema, preservar los avances alcanzados y fortalecer el control sobre el acceso y uso racional de los medicamentos.
 
“Esta crisis debe ser una oportunidad para corregir fallas estructurales, mejorar la atención primaria, fortalecer la gobernanza y dignificar las condiciones laborales del personal de Salud”, ha concluido la Defensora del Pueblo y agregó que seguirá vigilando la situación y promoviendo la protección del derecho constitucional a la salud en el país.
 

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