Edición Médica

Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social.

Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) ha recalcado en un comunicado que, la violencia y el maltrato contra las personas mayores es un tema de interés en salud pública, ya que estas violencias afectan la integridad física, mental y psicosocial que, en algunos casos, derivan en discapacidad y disminución de la calidad de vida de este grupo poblacional.
 
"La denuncia de este flagelo se acerca al 20 por ciento, lo cual genera invisibilidad medida por el subregistro. Por eso, desde el Ministerio hacemos un llamado al trato digno, al cuidado y la garantía de los derechos a las personas mayores, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia Contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha instituida por la ONU para recordar que los derechos humanos no se extinguen con la edad", ha señalado Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social.
 
De acuerdo con la entidad de Salud, las estadísticas de lesiones no fatales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses han reportado en 2021 un incremento del 28 por ciento de los casos, comparativamente con la vigencia 2020, al pasar de 6.355 registros a 8.111 entre esta población. En relación con los demás ciclos vitales, las personas mayores fueron las más afectadas por este tipo de violencias.
 
Cepeda ha agregado que "según análisis realizados, hubo un efecto colateral por el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19, pues el agresor suele ser en la mayoría de los casos un miembro del círculo familiar o social más cercano, lo que facilita las condiciones de abuso, ocultamiento y prolongación de la victimización que, además, es particularmente elevada entre las mujeres".
 
Asimismo, el MinSalud ha precisado otras cifras de Medicina Legal, las cuales han indicado que en el 99,86 por ciento de los casos la persona maltratadora es un familiar, y al identificar el actor se evidencia que en el 43,14 por ciento de los eventos son los hijos e hijas los causantes de las agresiones.
 
En el desagregado por lesiones no fatales, el 75 por ciento de los registros se concentran en violencia interpersonal y violencia intrafamiliar, con 3.612 y 2.460 casos respectivamente, con variaciones entre el 23 y el 22 por ciento frente a 2020. De estos datos se deriva también una preocupación adicional relacionada con el presunto delito sexual que, en el período de análisis 2020-2021, creció un 9,1 por ciento.
 
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE Colombia-2015), el 13 por ciento de las personas mayores manifestó haber sido víctima de maltrato. Por modalidades, el psicológico se ubicó en la primera línea (12,3 por ciento), seguido del físico (3,4 por ciento), el financiero (1,5 por ciento) y el sexual (0,3 por ciento); con el atenuante de que los indicadores se incrementan en el área rural, a excepción del maltrato psicológico que prevalece en el área urbana.
 
De igual forma, se ha evidenciado una correlación positiva en el maltrato psicológico entre los estratos socioeconómicos menos favorecidos; en el estrato 1 se registró la mayor proporción de maltrato físico y sexual, y entre los estratos 5 y 6 prevaleció el financiero.
 
La magnitud de este fenómeno es latente y su dimensión no fue ajena a la Política Pública Nacional De Envejecimiento y Vejez 2022-2031. En ella se desarrolló un eje especial para abordar la violencia, pero también el abandono y la discriminación.
 
El funcionario ha explicado que éstas son formas de abuso estructural, que no solo están asentadas en los imaginarios colectivos que acuden al edadismo para excluir con prejuicios y estereotipos y separar del seno de la familia a los más vulnerables; sino que, además, comprende la falta de respuesta institucional en muchos frentes, marginando a las personas mayores del acceso a los bienes públicos y a los beneficios del desarrollo económico. Por ende, la intervención se debe producir desde múltiples frentes, cifrados en la intersectorialidad, para lograr la meta de erradicar la violencia y discriminación contra las personas mayores.
 
Desde el sector salud, se ha enfatizado la adecuación de la valoración geriátrica integral para identificar desde allí los signos de sospecha de maltrato, brindar atención psicosocial oportuna y mitigar los efectos nocivos en materia de salud mental y físico; proceso que debe estar acompasado desde otras instancias para aplicar los marcos regulatorios, en especial la Ley 1850 de 2017, mediante la cual se penalizó el maltrato intrafamiliar por abandono y, por otra parte, fortalecer las rutas intersectoriales para la denuncia, apoyo de redes psicosociales, protección y restablecimiento de los derechos de los mayores.
 
"Es un desafío que llama a la corresponsabilidad de las familias, las autoridades nacionales y territoriales, los prestadores de servicios de salud, el sector educativo, de justicia, la academia, las entidades públicas y privadas, los entes de control así como de las instituciones de protección y promoción social que proponen servicios sociales a personas mayores, y en ese sentido se enfoca la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, pero se requiere el compromiso interinstitucional", ha concluido Cepeda.

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