Edición Médica

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), durante la ocurrencia de la pandemia COVID-19 ocurrida en el 2020, no sólo se gastaron 6 billones de pesos del sistema de salud, que fueron girados a través de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, sino que también, emplearon 5,5 billones de pesos para gastos personales y de los cuales no tienen soportes contables, según lo determina la investigación realizada por la Contraloría General de la República, (CGR).

A esa pérdida de dineros, se suma la deuda vencida y corriente que durante años han acumulado las EPS con las Instituciones Prestadoras de Salud, (IPS). Mientras a los hospitales públicos y clínicas del país les deben 16,8 billones de pesos, a los laboratorios, proveedores de medicamentos y entidades prestadoras de tecnologías en salud, la deuda asciende a 9 billones de pesos. Sobre estos dineros sin pagar los directivos de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI se han preguntado en varias oportunidades “¿quién va a pagar esa plata?”.

Por todo lo que está ocurriendo con los dineros de las salud y que han sido mal manejado por las EPS, la ex ministra de Salud y Protección Social y médica psiquiatra Carolina Corcho en entrevista con EDICIÓN MÉDICA ha sido enfática al decir “en el momento de la pandemia la demanda en la utilización de los servicios de salud fue baja, por ello, las EPS no necesitaron gastar los dineros que por la vía de la UPC les giró de manera oportuna la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), es por eso que al no tener la necesidad de emplearlos en la atención de los usuarios, tenían que devolverlos a la entidad que se los giró, pero no fue así. Lo que hicieron fue manejarlos como si fueran dineros de cada EPS y con esa plata que es pública y de la salud de los colombianos pagaron deudas viejas y no podían hacerlo”.

En el informe que ha realizado la Contraloría General de la República se demuestra que desde el 1 de marzo del 2020 estas entidades recibieron de forma permanente, oportuna y por anticipado, los recursos de la UPC y de los Presupuestos Máximos, para garantizaran la atención de sus afiliados mediante los Planes de Beneficio en Salud, no los tuvieron que emplear, porque los gastos asociados a la atención de los pacientes infectados por el COVID-19, la compra de equipos y dispositivos médicos, relacionados con la pandemia fueron asumidos por el Gobierno Nacional. Las EPS no tuvieron que invertir recursos de la UPC ni de los Presupuestos Máximos para la atención en salud de sus afiliados, por conceptos asociados a la pandemia.

Es por esta razón que la ex ministra enfatiza “la norma es clara y permite que las EPS del régimen contributivo utilicen el 10 por ciento para gastos administrativos y el 8 por cientos aquellas que manejan el régimen subsidiado, los demás dineros deben ser invertidos en la atención de los usuarios y no en el pago de deudas, como sí lo hicieron los directivos de las EPS, por eso, es que la Superintendencia de Sociedades deberá tomar medidas en contra de los accionistas de estas entidades para que respondan con sus patrimonios y así se pueda restituir los daños hechos al patrimonio público, al menos en la recuperación de los 6 billones de pesos que se gastaron. Y es que la CGR lo deja claro que pagar esas deudas con los excedentes de UPC que deben retornar al sistema, evidencia una indebida apropiación de un recurso parafiscal”.


Al analizar la parte financiera de las entidades promotoras Corcho asegura “hoy quedan 28 EPS y de estas, 18 están quebradas, no cubren económicamente lo que deben y esos compromisos superan lo que tienen.  Deberían de tener 16 billones de pesos invertidos y no es así. Mientras que sus deudas que hoy tienen están por el orden de los 25 billones de pesos y lo peor de todo estos, es que no tienen como pagarle a las IPS y mientras todo esto está ocurriendo con los dineros de la salud, los millones de colombianos siguen afrontando un sinnúmero de problemas relacionados con la atención en salud”.

Es por estas razones que la ex ministra le reitera el llamado al Congreso de la República “ ni los representantes ni los senadores deben seguir aprobando el saqueo a la salud y la corrupción, no deben aprobar reformas en la que se avala la intermediación de las EPS, estas entidades no pueden seguir manejando los dineros públicos de la salud, estos tienen que ser manejado en su totalidad por las ADRES. Es necesario que se rescate el texto que se hizo en la presentación inicial de la Reforma Estructural al Sistema de Salud”.

Acciones

La ex ministra Corcho al referirse de cómo se podrían recuperar esos dineros fue clara al decir “la Contraloría General ya dejó claro que esta no es una indagación preliminar, está es un proceso de responsabilidad fiscal y por ello, ya compulsó ante la Fiscalía General de la Nación dicho delito para que sea tipificado. Es muy grave que 5,5 billones de pesos, no tengan los soportes que deberían tener y hayan sido empleados para realizar actividades personales y entregarles bonos a los integrantes de las juntas directivas. Ahora lo que tiene que pasar es que la Fiscalía y resuelva cuáles son las responsabilidades penales”.

El dato

La Unidad de Pago por Capaitación, es la suma de dinero en efectivo que mensualmente entrega el Estado Colombiano por conducto de la ADRES a cada EPS, en función del número de afiliados, para que esta les pague a los proveedores.