Edición Médica

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) y Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
El año 2024 fue especialmente difícil para los hospitales públicos y las clínicas privadas del país, debido al incumplimiento en los pagos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que adeudan 18 billones de pesos por la prestación de servicios a millones de usuarios. Sin embargo, 2025 se perfila como un año aún más crítico.
 
Ante esta situación, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) han solicitado al Gobierno Nacional reconsiderar el incremento del 5,36 por ciento fijado para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2025, al considerarlo insuficiente para cubrir los costos del sistema.
 
El llamado de ACESI
 
Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de ACESI, ha advertido en entrevista con EDICIÓN MÉDICA que es fundamental establecer mesas de trabajo con los prestadores de servicios (IPS) para analizar los costos reales en salud. “El nuevo valor de la UPC es insuficiente para cubrir el incremento del salario mínimo, que se desarrolló en un 9,54 por ciento. Esto generará un impacto negativo y muy crítico en los hospitales, especialmente los públicos, cuya sostenibilidad depende en gran medida de su capacidad para cubrir los costos laborales, que representan hasta el 70 por ciento de sus presupuestos operativos”, ha afirmado.
 
Zuluaga ha destacado además que el retraso en los pagos por parte de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado incrementa la crisis financiera de los hospitales, afectando su capacidad para garantizar servicios de calidad y oportunidad. “Es urgente implementar mecanismos efectivos que aseguren el flujo oportuno de recursos desde las EPS hacia los hospitales públicos”, ha enfatizado.

De ese modo, la directora de ACESI ha solicitado al MSPS que realice una estimación más precisa de los costos reales de operación, considerando el incremento en la demanda de servicios y los crecientes costos asociados. “Los prestadores de servicios son quienes enfrentan estos retos, porque su participación activa es clave para garantizar la sostenibilidad del sistema, de lo contrario se enfrentarán a un déficit financiero que dificultará el cumplimiento de sus obligaciones laborales y operativas, lo que afecta a los trabajadores del sector y a millones de colombianos”, ha agregado.
 
La postura de la ACHC
 
Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director general de la ACHC, se ha sumado al llamado y expresó preocupación por el desfase entre el incremento de la UPC (5,36 por ciento) y el aumento del salario mínimo (9,54 por ciento). “Entre el 60 y el 70 por ciento de los gastos del sector están relacionados con la remuneración del personal. Este desfase de más de cuatro puntos porcentuales podría tener graves repercusiones para un sector que ya enfrenta los daños crónicos derivados del incumplimiento de las EPS con sus obligaciones hacia las IPS, tanto públicas como privadas”, ha señalado Giraldo.
 
Asimismo, el director de la ACHC ha hecho un llamado respetuoso al Gobierno Nacional y al MSPS para reconsiderar el porcentaje del ajuste de la UPC. “Es necesario proteger la prestación de los servicios de salud, garantizar la sostenibilidad de las instituciones y evitar un colapso que afectará tanto a los trabajadores del sector como a millones de colombianos”, ha concluido.
 
El dato
 
La cartera de Salud ha explicado que el ajuste del 5,36 por ciento en la UPC para 2025 se basó en información suministrada por las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, según lo establecido en la Resolución 2717 de 2024. Sin embargo, el análisis técnico reveló inconsistencias significativas en los datos reportados, incluyendo patrones de uso abruptos, certificaciones de gasto sin cierre financiero y valores atípicos en los pagos por servicios.
 
El MSPS ha indicado que estas deficiencias en la calidad de los datos llevaron a tomar como base principal la inflación acumulada hasta noviembre de 2024 para determinar el ajuste de la UPC, lo que generó críticas por parte de los actores del sector Salud.

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