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Salud Pública
CRISIS HOSPITALARIA
En el Quindío piden declarar alerta amarilla por cierre de hospitales
Solicitan la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República
Lunes, 09 de mayo de 2022, a las 15:56

Se denuncia el cierre de los hospitales La Misericordia de Calarcá, el Santa Ana de Pijao y el San Vicente de Paul de Salento.


Melba Lucía Murillo. Bogotá
La liquidación del hospital La Misericordia de Calarcá hace más de seis meses por la Superintendencia Nacional de Salud; el no pago de salarios a sus trabajadores por cuatro meses del hospital Santa Ana de Pijao y el cierre del hospital San Vicente de Paúl de Salento, por no contar con un contrato de manejo de residuos peligrosos, tiene al Quindío a punto de afrontar una verdadera crisis hospitalaria.
 
Esta situación tiene a dirigentes de la salud y sindicatos del departamento unidos para buscar una solución y por ello, han solicitado que se declare una alerta amarilla en el departamento. Todo esto con el fin de que se mejoren las condiciones en la prestación de salud para pacientes y para el talento humano, puesto que son muchos los trabajadores que aún siguen recibir el pago de sus salarios.
 
Así lo ha expresado James Benítez Ortiz, presidente del sindicato de los trabajadores del hospital San Juan de Dios de Armenia e integrante de la Fundación Territorio Libre y en Paz quien, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA ha manifestado preocupación debido a los graves inconvenientes que tiene que afrontar el personal de Salud en medio de incierto panorama.
 
“No sólo es la situación laboral del personal de la salud, también es el riesgo fiscal de los hospitales y peor aún, la pérdida del derecho que tienen más de 250 mil habitantes a recibir atención digna y con calidad, sumado a que este es un departamento turístico y no hay garantías para las personas que llegan día a día”, ha enfatizado Benítez Ortiz.
 
Al hablar de la crisis, Benítez Ortiz ha hecho un balance de la situación y precisó que “la crisis comenzó con la intervención del hospital de Calarcá, cuando fue cerrado en agosto del año pasado para luego ser manejado por un liquidador, pero a pesar de esto, hay empleados que aún no reciben por completo el pago de sus salarios, luego se sumó el cierre del hospital San Vicente de Paúl de Salento, por no contar con un contrato sobre el manejo de los residuos peligrosos”.
 
Asimismo, el dirigente sindical ha expresado que los hospitales de Pijao, Córdoba y Buenavista también están en riesgo de ser cerrados, por el no pago de las EPS en liquidación y la falta de pago de los salarios de los empleados.
 
Situación que ha empeorado con los problemas económicos que afrontan debido a la liquidación de la que han sido objeto las EPS, por parte de la Supersalud. Ya que, a pesar de que son intervenidas nadie se apersona de las deudas que éstas tienen con los hospitales y eso no sólo ocurre en el Quindío, sino también a nivel nacional.
 
En ese sentido, representantes de entidades como: la Fundación Territorio Libre y en Paz, la Corporación Ubuntu, la veeduría ciudadana Pro-defensa hospital La Misericordia, entre otras, han emitido un comunicado en el que piden la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, como también de la ciudadanía para que los acompañe en las movilizaciones permanentes por la salud y la vida de la población en el Quindío.
 
El empleado del sector salud ha concluido que, “en Colombia más de 70 por ciento del talento humano está laborando bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que no dignifica la labor de los trabajadores por la falta de garantías, porque a pesar de llevar más de 10 años laborando en un hospital no tienen garantías en la permanencia y menos al momento de ser liquidados”.
    
El dato
 
Las gestiones administrativas y presupuestales que el agente interventor de la Supersalud Freddy Orlando Rojas Arias ha desarrollado en la recuperación del hospital La Misericordia en Calarcá están relacionadas con el reintegro de más de 100 funcionarios que han prestado sus servicios en la institución y los pasivos de la entidad que, en el momento en que fue recibida se encontraban en más de 7 mil millones de pesos. Hoy se han reducido a 4 mil 900 millones de pesos.

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