Edición Médica

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
En el estudio que determinó el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 5,36 por ciento para 2025, no solo se encontraron inconsistencias en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), sino que también quedó evidenciado que estas entidades no tienen los recursos ni la capacidad para continuar operando dentro del sistema de salud. Así lo ha dejado claro el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó: “Si se liquidan estas entidades por no tener capital, patrimonio ni reservas técnicas, quebraríamos los hospitales, clínicas y proveedores”.
 
En su última intervención, a la que EDICIÓN MÉDICA asistió de manera virtual, el ministro Jaramillo ha explicado las razones detrás del cálculo de la UPC, que era inferior al esperado por muchos. “Las EPS reportaron datos que no concuerdan con la realidad, y lo peor, las cifras que superan cualquier estadística. Un ejemplo son los 79 mil millones de pesos facturados por la atención de 23 mil 400 usuarios que ya habían fallecido”, ha asegurado.
 
El ministro también ha destacado que los gastos reportados por las EPS superan el número de afiliados y señaló irregularidades en la certificación de gastos, como servicios médicos sin justificación, pagos por medicamentos por encima de los precios regulados y un manejo inadecuado de las reservas técnicas. Por estas razones, la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de la Operación del Aseguramiento en Salud determina que el aumento de la UPC fuera del 5,36 por ciento.
 
Además, Jaramillo recordó que en administraciones pasadas, los incrementos en la UPC para el régimen contributivo fueron mucho mayores que para el régimen subsidiado, dejando a la población vulnerable con menos recursos. “Ahora, con estos datos desfasados, piden un aumento superior al que se hizo a finales de 2024”, comentó.
 
Radiografía financiera
 
El ministro también ha advertido que, además de la falta de transparencia en los datos utilizados para calcular la UPC, la situación financiera de las EPS es grave. De las 150 EPS originales, solo 29 sobreviven, y ninguna cumple con los requisitos para ser aseguradora.
 
“Si liquidamos las que están intervenidas, lo que haríamos es quebrar a los hospitales, clínicas y proveedores. Por eso la Reforma al Sistema de Salud es urgente. Debemos ayudar a las EPS a transformarse en Gestoras de Salud y Vida, y que dejen de manejar los recursos, tarea que debe corresponder a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)”, ha explicado Jaramillo.
 
Jaramillo también propuso revisar los métodos utilizados para calcular la UPC, verificar la veracidad de los datos entregados por las EPS ante la DIAN, la Superintendencia Nacional de Salud o el Ministerio de Salud, ya que estos presentan diferencias de hasta un 12 por ciento. “Si encontramos que el cálculo de la UPC no es suficiente, buscaremos los recursos necesarios para aumentar el monto solicitado”, indicó.
 
“Es fundamental cambiar lo que no funciona y aplicar estrategias que realmente den resultados positivos en promoción, prevención y atención en salud, no seguir fortaleciendo el negocio financiero de las EPS. Debemos recuperar lo que teníamos años atrás: centros de salud y hospitales pequeños, especialmente en zonas apartadas, que han sido desatendidos debido a la mala gestión de los recursos por parte de las EPS”, ha concluido el jefe de la cartera de Salud.
 
El dato

En el informe presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se ha evidenciado que, de las 15 EPS, solo cinco pudieron ser incluidas en el estudio para el cálculo de la UPC. Sin embargo, ni estas cumplieron con los requisitos necesarios. El total del gasto certificado para 2023 fue de 38,4 billones de pesos, mientras que el reporte a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de la Operación del Aseguramiento en Salud fue de 35,3 billones de pesos, lo que deja una diferencia de más de 3 billones de pesos. Además, los datos entregados a la Superintendencia Nacional de Salud tampoco fueron transparentes, con una diferencia de 3,9 billones de pesos, lo que impide un cálculo acertado de la UPC.

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