Edición Médica

La fiebre amarilla se ha convertido en una amenaza urgente de salud pública.

Redacción. Bogotá
Entre 2024 y 2025, el Ministerio de Salud notificó 43 casos de fiebre amarilla, con una alta tasa de mortalidad cercana al 50 por ciento. La mayoría de estos casos (74 por ciento) se concentraron en el departamento de Tolima, que llevaba cinco meses con un brote activo. Sin embargo, Tolima no tenía historial de la enfermedad y se consideraba una zona de bajo riesgo.

 
De acuerdo con el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brote de fiebre amarilla se ha venido dando en áreas inesperadas, donde la población es muy susceptible al virus. Al momento, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha notificado 33 personas fallecidas por fiebre amarilla entre 2024 y lo que va de 2025.

 
Esta declaración se produce tras la polémica generada por recientes afirmaciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre la patria potestad y la vacunación infantil, las cuales, ha aclarado la cartera, fueron sacadas de contexto. El Ministerio ha enfatizado que no existe intención alguna de vulnerar los derechos parentales, y que todas las acciones emprendidas están guiadas por el interés superior del menor, conforme al artículo 44 de la Constitución Política.
 
Vacunación, una obligación ética, legal y sanitaria
 
Con una letalidad del 47 por ciento entre los casos reportados, la fiebre amarilla se ha convertido en una amenaza urgente de salud pública. De los 70 casos confirmados desde 2024, 47 ocurrieron en lo que va del 2025, con 20 fallecimientos. El departamento más afectado es Tolima, con 41 casos, seguido por Putumayo, Caquetá, Meta y Caldas.
 
En respuesta, el Ministerio emitió la Circular Externa No. 00000004 del 6 de febrero de 2025, la cual establece que todos los menores tienen derecho a ser vacunados contra la fiebre amarilla. La normativa subraya que, conforme a la jurisprudencia constitucional, los menores (según su edad y madurez) pueden participar activamente en las decisiones sobre su Salud, incluso si estas difieren de las creencias de sus padres o acudientes.
 
La cartera advierte que impedir el acceso de menores a la vacunación constituye una vulneración de sus derechos fundamentales y, como tal, será denunciado ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y demás autoridades competentes.
 
Ante la propagación del virus, el Ministerio ha ampliado la cobertura de vacunación, incluyendo a niños desde los 9 meses y adultos mayores de 60 años, grupos que anteriormente no eran priorizados en zonas de riesgo. Hasta la fecha, se han aplicado 54.269 dosis en los municipios priorizados, en el marco de un cerco epidemiológico para contener el brote.
 
La fiebre amarilla es una enfermedad viral grave, transmitida por la picadura del mosquito, con síntomas como fiebre, ictericia, cefalea, vómito y dolor abdominal. Si bien su letalidad puede alcanzar hasta el 75 por ciento en brotes epidémicos, una sola dosis de la vacuna ofrece protección de por vida.
 
Semana Santa y movilidad
 
Con la llegada de la Semana Santa, el Ministerio ha hecho un llamado urgente a quienes planean viajar a zonas de riesgo, para que se vacunen al menos 10 días antes del desplazamiento. Estas regiones presentan características ecológicas propicias para la transmisión del virus, con temperaturas entre 26 y 33 °C, alta humedad y fragmentación de bosques por actividades humanas.
 
Además de la vacunación, se recomienda el uso de repelentes, mosquitos y ropa protectora para minimizar el riesgo de picaduras. También se ha reforzado la articulación con los sectores ambiental, turístico y de transporte para optimizar la respuesta integral frente al brote.
 
El dato
 
La protección de la infancia frente a enfermedades prevenibles como la fiebre amarilla es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y las familias. En este sentido, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los menores, incluso en contextos complejos, y llama a los profesionales de la salud a ser aliados en la implementación ética, efectiva y legal de las estrategias de vacunación.

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