Edición Médica

Intervención del ministro de Salud en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

Redacción. Bogotá
El sistema penitenciario colombiano enfrenta una crisis estructural que afecta tanto las condiciones de reclusión como la Salud de las personas privadas de la libertad. Con 168,600 reclusos en instalaciones diseñadas para 81,960 personas, el hacinamiento en las cárceles alcanza un alarmante 25,3 por ciento, lo que se traduce en una atención insuficiente y en la propagación de enfermedades dentro de las cárceles. Además, el déficit de personal es crítico, con solo 18,595 funcionarios frente a los 88,779 necesarios, lo que incluye una carencia del 69 por ciento de personal en custodia.
 
De igual forma, el sistema penitenciario de Colombia enfrenta un grave déficit de recursos para garantizar la salud de los reclusos. A pesar de contar con un presupuesto de 1.9 millones de pesos para 2024, solo el 4 por ciento se destina a proyectos de inversión, lo que limita los esfuerzos para mejorar la infraestructura sanitaria y la atención médica en los centros de reclusión. Este panorama se agrava con la falta de personal médico capacitado, lo que ha resultado en la escasez de atención especializada, como el manejo de equipos médicos y la administración de medicamentos.
 
De acuerdo con el Ministerio de Salud, en 2024 se atendieron 29,225 personas privadas de libertad con 493 diagnósticos en Salud física, lo que refleja la alta carga de enfermedades que aquejan a la población penitenciaria. Además, las cifras de problemas de salud mental son alarmantes, con 278 intentos de suicidio reportados hasta la fecha, lo que evidencia el impacto devastador de la sobrepoblación y la falta de atención especializada en Salud mental.
 
El sistema de salud en las cárceles enfrenta obstáculos significativos debido a la falta de personal médico en los centros penitenciarios. A pesar de contar con equipos médicos y medicamentos, muchas cárceles carecen de profesionales que los manejen correctamente. Esta deficiencia ha llevado a la ausencia de atención adecuada para condiciones como tuberculosis, hepatitis B y C, y enfermedades diarreicas, las cuales son comunes en ambientes con hacinamiento extremo.
 
Además, se han reportado altos niveles de depresión, consumo de sustancias psicoactivas y otras patologías mentales entre los reclusos, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de apoyo de psicólogos y psiquiatras especializados en el tratamiento de esta población vulnerable. La falta de atención preventiva y el manejo inadecuado de la salud mental son aspectos que requieren atención inmediata para reducir los riesgos asociados a la salud penitenciaria.
 
Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha reconocido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes la responsabilidad de su cartera en la gestión de la salud en las prisiones y destacó los esfuerzos para mejorar las condiciones de atención. El ministro anunció que a través del Fondo Nacional de Salud se reorganizará el sistema de salud en los centros de reclusión, con un nuevo programa de salud para las personas privadas de la libertad, que pondrá énfasis en la prevención de enfermedades y la promoción de una vida saludable.
 
El ministro también ha subrayado la importancia de la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud menstrual, además de garantizar atención adecuada para los reclusos con enfermedades graves como tuberculosis y hepatitis. También mencionó que se llevará a cabo un riguroso seguimiento a los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación, que en la actualidad paga el doble por cada persona atendida en las cárceles.
 
Crisis laboral agrava la situación
 
La crisis de salud en el sistema penitenciario se ha visto exacerbada por la reciente renuncia de cerca de 100 profesionales de la salud en las cárceles de Antioquia y Chocó debido a cambios en sus contratos laborales. Este hecho ha dejado una gran brecha en la atención sanitaria de los reclusos, ya que médicos, odontólogos, enfermeros y otros profesionales han expresado su rechazo a las nuevas condiciones laborales impuestas por la Unión Temporal Norsalud PPL, que asumió el contrato de prestación del servicio de salud en las prisiones.
 
El sistema penitenciario colombiano necesita reformas integrales que aborden la sobrecarga de reclusos, el déficit de personal y la falta de recursos. A medida que el país enfrenta crecientes tasas de reincidencia, es fundamental mejorar la calidad de atención médica y el acceso a servicios de salud mental. Solo a través de una inversión sostenida en estos aspectos, se podrá garantizar la rehabilitación efectiva y el respeto a los derechos humanos dentro de las cárceles.
 
Los profesionales de la Salud han enfatizado que la situación actual del sistema penitenciario evidencia la urgencia de un compromiso gubernamental para mejorar las condiciones de vida de los reclusos, reducir los riesgos de salud y garantizar una atención sanitaria adecuada en los centros de reclusión del país.

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