Edición Médica

Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI); y Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMi).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Aunque el debate de aprobación o archivo del Proyecto de Ley 312 de 2024, “Reforma al Sistema de Salud”, aún no se resuelve, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no sólo aguardan para saber cómo será su continuidad en el sistema, sino que esperan cuál será el cálculo que se le dará a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este debate ha enfrentado opiniones divididas tanto para las EPS, los hospitales públicos y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS).
   
La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, ha reiterado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA que, “el cálculo en años anteriores no ha sido suficiente para financiar los servicios y tecnologías de salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado”. En palabras de Vega, esto ha agudizado la crisis económica de las EPS. “Mientras las EPS reciben 100 pesos, gastan 108, generando un déficit acumulado en los últimos tres años de 6,3 billones de pesos”, ha agregado.
 
De ese modo, la petición de las EPS al Gobierno se ha centrado en ajustar la UPC de forma adecuada, “con base en la población expuesta al riesgo, las compensaciones faltantes de periodos anteriores y la actualización de frecuencia”, ha enfatizado Vesga. Además, insiste en analizar este ajuste para mitigar la crisis financiera del sistema de Salud y garantizar su sostenibilidad, “esperamos que con los reportes que han dado las EPS, ese valor sea ajustado”, ha agregado.
 
A este llamado se ha sumado la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que también ha pedido al MSPS informar sobre la metodología y el análisis que serán empleados para definir el incremento de la UPC para el año 2025. Es de recordar que el aumento para el año que está terminando fue del 12,01 por ciento y la solicitud para el año 2025 es que se haga entre el 16 al 18 por ciento, para así enfrentar las demandas del sistema.
   
La PGN ha dejado en claro que se deben tener elementos como: los datos representativos, ajustes que reflejen cambios demográficos y epidemiológicos. Como también, que se implementen sistemas robustos de información que validen los datos reportados por las EPS, identifiquen desviaciones y aseguren la calidad de la información utilizada, para que se haga un incremento de la UPC adecuado. Además, ha resaltado que si se hace un ajuste insuficiente de la UPC podría profundizar esta situación.
 
Destino de los fondos públicos
 
Aunque se hace evidente la importancia de esclarecer los detalles que comprenderán el ajuste de la UPC, el Ministerio de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), han asegurado que la UPC no se podrá incrementar más del 16 por ciento, cifra que habían sugerido las EPS.
 
En esta posición también se encuentra la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), recalcando que antes de pedir un incremento de la UPC, lo que deben hacer las EPS es esclarecer el destino de los fondos que estas entidades resguardan y que no aparecen reflejados en los estados financieros.
 
Al respecto, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de ACESI, ha precisado que el aumento en la UPC representa mayores recursos para las EPS, no obstante, “no solucionaría la crisis estructural en la que está sumido el sistema, ni tampoco cubrirá las deudas acumuladas que tienen las EPS con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las cuales hoy se han proyectado como impagables”.
   
“Las EPS utilizan estos fondos para cubrir las deudas acumuladas y para generar nuevos pasivos, mientras los problemas financiaros del sistema cada día son mayores”, ha remarcado Zuluaga. Asimismo, desde ACESI se ha hecho énfasis en la importancia de transparencia en la información entregada por parte de las EPS, esto si se quiere empezar a realizar un ajuste en el incremento de los recursos públicos destinados para el sector Salud.

---