Edición Médica

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Gustavo Petro, presidente de la República.

Redacción. Bogotá
La polémica por el aumento del 5,36 por ciento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 continúa generando controversia en el sector salud. El Ministerio de Salud y Protección Social justificó el ajuste tras identificar serias inconsistencias en los informes financieros de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que motivó la contratación de una auditoría forense internacional para esclarecer el manejo de los recursos públicos.

 
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha explicado que la decisión buscará garantizar la transparencia en el uso de los fondos del sistema de salud, luego de que la Contraloría General no lograra verificar el destino de 6 billones de pesos correspondientes al año 2020. “Hemos decidido solicitar la contratación de una auditoría internacional para determinar el destino de muchos de los recursos del sector salud”, anunció el ministro.

 
En esa misma línea, el presidente Gustavo Petro ha respaldado la medida y calificó como un “robo continuo” las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos por parte de algunas EPS. A través de sus redes sociales, anunció que convocará sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar en el debate de la Reforma a la Salud, actualmente en discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Además, solicitó a la Fiscalía profundizar las investigaciones con el apoyo de la auditoría forense.
   
Inconsistencias financieras y sobrecostos en procedimientos
 
De acuerdo con la cartera de Salud, el ajuste de la UPC para 2025 se fijó tras evaluar los informes de 15 EPS del régimen contributivo. Sin embargo, solo cinco EPS (Salud Total, Sanitas, Sura EPS, Comfenalco Valle del Cauca y SOS) cumplieron con los criterios para el análisis de suficiencia. Las inconsistencias detectadas oscilaron entre el 8,7 y el 11,6 por ciento, reflejando diferencias de hasta 4 billones de pesos en los datos entregados a la Superintendencia de Salud y al Ministerio.
 
Entre las irregularidades más graves se identifican:
   

Ante estas irregularidades, el Ministerio optó por ajustar la UPC conforme a la inflación general reportada por el DANE, descartando el índice de inflación del sector salud debido a la falta de información confiable. El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, indicó que usar la inflación sectorial habría generado un incremento incluso menor.
 
Llamado a la reforma y mayor transparencia
 
El ajuste de la UPC ha sido criticado por asociaciones de pacientes y representantes de clínicas y hospitales, quienes advierten que el incremento no es suficiente para cubrir los costos operativos. La crisis financiera de las EPS, sumada a la falta de transparencia en el manejo de recursos, agrava la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema.

 
En medios locales, el ministro Jaramillo también denunció que un funcionario del Ministerio recomendó un aumento del 20 por ciento en la UPC, decisión que calificó como irresponsable y que llevó al despido de dicho colaborador.
 
Sin embargo, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de revisar la UPC si las EPS presentan información precisa y si se identifican mecanismos que garantizan la suficiencia financiera del sistema. Además, se evaluarían ajustes para cubrir las necesidades emergentes del sector.
 
Este panorama ha puesto en alerta a los gremios del sector Salud, profesionales y trabajadores quienes enfrentan limitaciones en recursos, desabastecimiento de medicamentos y posibles cierres de servicios. De igual forma, han hecho un llamado para mejorar la transparencia y fortalecer el financiamiento, con el fin de proteger la atención médica y garantizar condiciones laborales estables para el personal sanitario.

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