Edición Médica

Mariana Ardila, integrante de Women's Link Worldwide.

Redacción. Bogotá
La Corte Constitucional ha aceptado este 19 de octubre una demanda conjunta de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento Causa Justa, el cual se ha conformado por 91 organizaciones y 134 activistas de todo el país.
 
El movimiento ha solicitado que se elimine el delito de aborto del Código Penal, ya que la articulación ha considerado que vulnera los derechos fundamentales de mujeres y niñas y del personal de Salud, donde han expuesto 6 cargos de inconstitucionalidad y hace especial énfasis en el derecho de la mujer para acceder al aborto sin ser estigmatizada y con plenas garantías cuando se practique.
 
De acuerdo con el movimiento, en los próximos días comenzará el proceso para atender posiciones a favor y en contra, es así que el pronunciamiento estará listo para el año próximo. Un caso testigo interesante para la región.
 
Mariana Ardila, integrante de Women's Link Worldwide, una de las organizaciones que ha formado parte del Movimiento ‘Causa Justa’, ha señalado a medios locales que, “hace 14 años la Corte nos dijo que teníamos derecho a abortar en 3 causales: en caso de violación, cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer y si hay malformaciones fetales incompatibles con la vida”.
 
Asimismo, Ardila ha enfatizado que se siguen presentando barreras muy grandes para acceder a una interrupción legal de embarazo “y sobre todo afectan a mujeres que están lejos de las ciudades principales y esto se debe principalmente a la forma de regular el aborto en el país que es a través del derecho penal. Lo que hace que haya mucho estigma incluso en los casos en que es legal. Pedimos pasar a una regulación sanitaria, social y que sea más integral y no se enfoque en la amenaza de la cárcel”, ha indicado la activista.
 
Ardila ha puntualizado que el aborto ilegal ha impedido que el personal de Salud realice su trabajo con tranquilidad, ya que, los profesionales de la Salud tienen miedo de ser penalizados o de ser estigmatizados por realizar este tipo de procedimiento.
 
En la coalición que ha impulsado la reforma por la vía judicial el Movimiento ha esclarecido que la Corte podría fallar a favor de la demanda. “Sabemos que es un tribunal que apoya las tres causales y que se implementen en la realidad”, ha agregado Ardila.
 
En el documento expuesto por el Movimiento, varias organizaciones han apuntado a que se elimine el artículo 122 del Código Penal colombiano, que criminaliza el aborto “para que las mujeres no sean perseguidas con penas, que pueden ir de 1 a 4 años de prisión”.
 
De igual forma, se ha destacado que la demanda ha sido admitida en un contexto en el que diversos países de América Latina y el Caribe (entre ellos, Argentina, Ecuador, República Dominicana) se encuentran discutiendo o por debatir, por vía legislativa o judicial, reducir o eliminar el uso del derecho penal para regular el aborto.
 
Por ello se ha recalcado que el Tribunal tendría 3 posibilidades para acatar; declarar inexequible la norma y despenalizar el aborto en su totalidad; declararla exequible por lo que el artículo 122 quedaría como hasta el momento o bien declararla exequible condicionalmente y cambiar algunas de las reglas actuales.
 
Cifras preocupantes en Colombia
 
Según ha expuesto un informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación, en el que se hace un análisis de los casos durante los últimos 20 años “el 97 por ciento de las mujeres denunciadas por aborto pertenece a zonas rurales, y un 30 por ciento fue víctima de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales”.
 
Ardila ha recalcado que, “estos datos reflejan que en Colombia está prevaleciendo un marco de persecución en contra de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad”. Por ello, el Movimiento ha destacado que, debido a las barreras estructurales de acceso, solo entre un 1 por ciento y un 9 por ciento de los abortos se practica dentro del sistema sanitario, y se concentra en las ciudades principales.
 
Condenas por aborto en Colombia
 
La activista ha indicado a medios locales que en Colombia si existen condenas por practicar un aborto, “pero de las causas que se inician alrededor del 50 por ciento se termina archivando porque no encuadra la conducta en el delito”.
 
Ardila ha concluido que, la mayoría de casos responde a las causales. “Lo grave es que el 70 por ciento de las denuncias proviene del sistema de Salud, es decir, son mujeres y niñas que terminan denunciadas por recurrir a servicios de Salud”.



 
 
 
 

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