Edición Médica

8 senadores firmaron para archivar el PL 339 de 2023.

Redacción. Bogotá
Ante la propuesta de archivo del proyecto de reforma a la Salud (PL 339 de 2023 Cámara y 216 de 2024 Senado), suscrita por ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República de Colombia el pasado martes, 12 de marzo, la Junta Médica Nacional ha enfatizado la importancia de la moderación y la necesidad de llevar a cabo una discusión serena y transparente.
 
El Proyecto de Ley ha surgido de la sociedad civil, con el respaldo de la Comisión de Seguimiento de la sentencia 760 del 2008, y ha sido objeto de amplio debate y participación. Durante 9 meses estuvo en discusión en la Cámara, donde se realizaron audiencias públicas, sumadas a las 10 llevadas a cabo en el Senado en diversas ciudades del país, constituyendo espacios de diálogo con los sectores políticos y organizaciones comprometidas con el derecho a la salud de todos los colombianos.
 
De acuerdo con la Junta Médica, la Reforma plantea una solución a la grave crisis que enfrenta el sistema de salud, cuyas causas se han ido agravando y acumulando con el tiempo.
 
El informe reciente de la Contraloría General de la República ha revelado que solo 5 EPS cumplen con los requisitos financieros de ley, mientras que hay un déficit de 12,4 billones de pesos en reservas técnicas y deudas por 25 billones de pesos a prestadores y proveedores.
 
Estos malos manejos financieros han llevado a las EPS al borde de la quiebra, lo que se traduce en la desatención a los pacientes, el aumento de las barreras de acceso a los servicios y el incumplimiento de las obligaciones salariales del personal de salud en todo el país.
 
La Junta ha remarcado la necesidad urgente de un cambio real en el modelo, que evite el derroche de los recursos públicos en inversiones privadas millonarias. El desvío de fondos de salud es una tragedia social que priva a medio país del derecho a la salud y contraviene la orden constitucional.
 
Asimismo, se ha referido a la dirección y control de los recursos públicos del sistema, los cuales deben regresar al Estado a través de entidades como la ADRES, que ha demostrado eficacia en el pago directo a prestadores públicos y privados en los territorios.
 
Por último, la Junta ha hecho hincapié en que los gobiernos deben proteger a los trabajadores del sector, corregir las fallas estructurales del SGSSS, fortalecer y financiar el cambio del modelo de atención en salud hacia uno centrado en la atención primaria con capacidad resolutiva, para cerrar brechas de acceso y revitalizar los hospitales públicos. Esta transformación es una necesidad apremiante e inaplazable.

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