Edición Médica

Clara Luz Roldán, gobernadora de Valle del Cauca.

Redacción. Bogotá
La Gobernación de Valle del Cauca ha informado que, hasta las 00:00 horas del próximo sábado 22 de mayo, permanecerán cerradas las fronteras del Valle para el ingreso de vehículos y personas al departamento.

La orden ha sido consignada de acuerdo con el decreto 1-17-0518 del 14 de mayo de 2021, firmado por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y en el que se ha ampliado la medida que inicialmente iba hasta las 00:00 del 15 de mayo.

Según ha enfatizado la gobernadora, la medida fue tomada el pasado domingo ante la situación en el departamento por la aceleración de contagios de COVID-19, la alta ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y la situación de orden público en el departamento durante las movilizaciones del Paro Nacional.

Cabe resaltar que, en la norma se han especificado 22 excepciones a la restricción de ingreso al departamento, entre las que se encuentran la operación aérea, la movilización del personal de Salud y vehículos para asistencia y prestación de servicios de salud, vehículos de la cadena de producción, abastecimiento de bienes de primera necesidad, entre otros.

El departamento ha presentado varias dificultades, ya que, los constantes bloqueos en las vías provocaron el abastecimiento de transporte de alimentos e insumos médicos, así como de combustible y obstrucción de paso para la misión médica que traslada pacientes a diferentes casas de Salud.
 
Gremios médicos se pronuncian ante la difícil situación
 
La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidad Interno (AMCI) ha emitido una denuncia pública para los organismos de seguridad del estado, a los promotores del Paro Nacional, al gobierno nacional y a los organismos internacionales humanitarios con respecto a actos vandálicos que se han efectuado en el marco de las protestas del Paro Nacional.
 
La agremiación se ha referido a los hechos ocurrido en el Hospital Departamental ‘Tomas Uribe Uribe’ en la ciudad de Tuluá, puesto que, el hospital nuevamente presentó afectaciones en el traslado de la misión médica, debido a actos vandálicos que vienen ocurriendo en el contexto de la protesta social.
 
“La intensivista en turno sensiblemente afectada denunció la ocurrencia de retención y amenaza física y psicológica al personal médico y de Enfermería que debía llegar a realizar el turno nocturno en las 4 Unidades de Cuidados Intensivos de esa institución, con 85 pacientes (75 Covid-19), 70 por ciento intubados en ventilación mecánica”, ha señalado el comunicado.
 
De acuerdo con la AMCI, en dicha retención, se afectaron dos ambulancias que transportaban pacientes y un carro cisterna de oxígeno que debía abastecer a una IPS de la ciudad. “Una auxiliar de Enfermería que salió de turno, y se dirigía de Tuluá a Ginebra, a la altura de Buga, encapuchados le bajaron de su vehículo y fue objeto de abuso sexual, sobre el cual solicitamos se investigue”, ha enfatizado el gremio.
 
De igual forma, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) se ha unido al pronunciamiento de la AMCI para expresar su rechazo “de manera categórica y vehemente estos actos crueles de vandalismo que vienen afectando la salud física y psicológica de la misión médica y que no deben volver a ocurrir en ningún lugar de la geografía nacional”.
 
Asimismo, han hecho un llamado a los promotores del Paro con los organismos gubernamentales y no gubernamentales, la cruz roja internacional y la misión ONU, para que coordinen y hagan efectivos los corredores humanitarios que permitan dar paso a la misión de la atención médica, más en tiempos de emergencia sanitaria.
 
“Los organismos de seguridad deben establecer estrategias efectivas para proteger la honra y bienes de la sociedad civil y de la misión médica del vandalismo que, lamentablemente suceden conexos a lo que debería ser una protesta pacífica que, como derecho constitucional, no puede entrar en contradicción al derecho a la salud y la vida de nuestros compatriotas”, han puntualizado los gremios.
 
Finalmente, en el comunicado han recalcado que, “la protesta pacífica es una opción de lucha social, cuyo tratamiento más efectivo es la concertación. La salud y la vida son un imperativo constitucional cuyo único tratamiento reposa en la actuación médica continua”.
 

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