Edición Médica

Ulahy Beltrán, superintendente nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud ha dado cuenta de un aumento del 26 por ciento en las quejas que los ciudadanos hacen cada día de este año por desatenciones en las EPS. De acuerdo con la entidad, cerca de 3.500 ciudadanos en toda Colombia han utilizado los diferentes canales de la Supersalud para notificar irregularidades.
 
Según han resaltado las autoridades, los usuarios han presentado quejas debido a que no se está entregando medicamentos, tampoco dilatan la autorización de un procedimiento, niegan un tratamiento, o bien se cansan de la consabida excusa de que “no hay agenda disponible” cuando solicitan una cita con el médico general o con algún especialista.
 
Asimismo, en reiteradas ocasiones se ha recalcado el constante estado de insatisfacción de los usuarios desde hace varios años. Pero entre enero y octubre de este 2022 la cifra ya ha rebasado el millón de quejas, es decir, 1.043.0 26 representando un aumento del 26 por ciento, frente al mismo periodo del año anterior.
  No obstante, la entidad de control ha enfatizado que la situación es aún más grave si se tiene en cuenta que la tercera parte de todas las quejas son clasificadas como ‘riesgo de vida’, pues se evidencia que el paciente requiere una atención urgente y la intervención inmediata de la Supersalud, en máximo 48 horas, debido a su delicado estado de Salud.
 
De acuerdo con el reporte de la Supersalud, uno de los motivos que generan la mayor cantidad de quejas de los colombianos están: la demora en la asignación de citas de consulta médica especializada; seguido por retrasos en la entrega de medicamentos, tardanza en la prestación de servicios de imagenología y la inoportunidad en la programación de cirugías.
 
Por su parte, Ulahy Beltrán López ha recalcado que, “haber superado la barrera del millón de quejas y súplicas en estos 10 meses del año es una muestra de los altos niveles de desprotección por parte de las entidades administradoras de recursos o EPS; y también es la confirmación de que estar afiliado a una EPS no es sinónimo de estar protegido o asegurado”.
 
La actual Superintendencia ha encendido las alarmas por esta crisis que recibió y por ello desde finales de octubre inició una estrategia de inmersión en los 10 territorios más críticos del país para llamar al orden a las EPS, requerir su participación en mesas de intervención focalizadas, establecer diagnósticos con los actores regionales y delinear planes de choque que den solución pronta al malestar de los pacientes.
 
Cabe mencionar que, los 10 territorios donde se observa la mayor criticidad por la cantidad de problemáticas son: Bogotá (22 por ciento de las quejas), Antioquia (16 por ciento), Valle (14 por ciento), Santander (5.3 por ciento), así como Bolívar, Atlántico, Guaviare, Vaupés, Risaralda, Vichada y Chocó.
 
Al más del millón de quejas se han sumado indicadores como el aumento en la mortalidad materna y perinatal o de la desnutrición aguda infantil durante los últimos dos años y medio, lo que ha hecho que la entidad llame la atención de las administradoras de planes de beneficios frente a la caracterización de los afiliados y a la gestión de riesgo que deben realizar sobre las poblaciones vulnerables.
 
Según han demostrado las cifras oficiales, el indicador denominado ‘razón de mortalidad materna a 42 días por régimen’ pasó de 55,77 muertes en 2019 a 87,21 en 2021, lo que significa un aumento de 56 por ciento en los casos que podrían haberse evitado con un adecuado seguimiento por parte de las EPS.
 
El análisis del ente de control ha señalado que entre las principales causas de la disparada de reclamaciones del último año y sobre las que se urge a las EPS para corregir con urgencia están: la insuficiencia en la red de servicios, el incumplimiento en los indicadores de gestión de riesgo, la alta desatención en la prevención del riesgo.
 
La Supersalud ha asegurado que, este ritmo de 105.000 quejas y desatenciones por mes vuelve a revivir el debate sobre el cumplimiento y las funciones que desempeñan las EPS tres de las cuales ya fueron liquidadas por el actual Superintendente en sus primeros tres meses de gestión (Comfamiliar Huila, Convida y Comfaguajira) por su inviabilidad financiera y, principalmente, por la desprotección que se comprobó en la que tenían a sus poblaciones afiliadas, que se traducía en una violación reiterada y sistemática del derecho a la salud de estas personas.
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Beltrán ha pedido a las administradoras que intermedian los recursos financieros de la salud (EPS), no olvidar que ellas trabajan con recursos que son públicos y que por lo tanto esos recursos les pertenecen a las personas que ellas tienen afiliadas, y esas personas afiliadas son las verdaderas dueñas del sistema y en ese sentido, las administradoras de recursos deben cumplir con lo que demandan en servicios esas personas afiliadas”, ha agregado el superintendente.
 
Asimismo, Beltrán ha asegurado que en estos 100 días de gestión hubo varias llamadas en la madrugada y a cualquier hora del día a presidentes de EPS para que activen soluciones urgentes en casos de pacientes que llevan hasta 6 meses o más pidiendo un tratamiento o buscando una orden para una cirugía vital y la rutina de funcionamiento de las EPS no les ha garantizado los servicios requeridos.
 
Desde septiembre pasado también se ha vuelto común que los máximos directivos de las EPS sean convocados al despacho del Supersalud, así como también en aquellos territorios con mayores insatisfacciones de la ciudadanía, para que se comprometan con planes de acción inmediatos, en lo que ha llamado el superintendente “los territorios con mayor criticidad en el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud y por tanto donde la insatisfacción por parte de la ciudadanía es mayor”.

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