Edición Médica

Julio Luis Balanta Mina, Defensor del Pueblo.

Redacción. Bogotá
Tras el reciente cese del paro armado impuesto por el ELN en la subregión del San Juan, Chocó, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Nacional la implementación inmediata de medidas de atención en Salud para enfrentar un brote de malaria que afecta gravemente a la comunidad indígena La Lerma, en el municipio del Medio San Juan.
 
El paro armado, que duró ocho días, ha dejado a más de 600 personas con síntomas de paludismo, de las cuales solo 200 han sido diagnosticadas. De estos casos, 160 resultaron positivos, no obstante, la Defensoría enfatizó que la falta de acceso a medicamentos y servicios médicos debido al conflicto ha exacerbado la situación. De ese modo, ha instado a las autoridades a realizar jornadas de Salud urgentes en la zona para tratar a los afectados y prevenir una mayor propagación de la enfermedad.
 
Cabe mencionar que la malaria, si no se trata a tiempo, puede ser mortal, especialmente para los menores de cinco años, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables. Los síntomas incluyen escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, y en casos graves, fatiga extrema, dificultad respiratoria y convulsiones. Ante la escasez de medicamentos, el llamado de la Defensoría es crucial para retomar y reforzar los tratamientos cuanto antes.
 
Además del impacto en la salud, el paro armado ha generado un grave desabastecimiento de productos básicos, como alimentos y combustibles, afectando a unas 45,000 personas en los municipios de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan. Esta situación agrava la inseguridad alimentaria y restringe la movilidad de la población, que teme desplazarse por temor a minas antipersona y otras amenazas.
 
Según el último reporte epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS), el país enfrenta un brote de malaria, con más de 85,000 casos reportados en lo que va del año. La situación es especialmente crítica en la región Pacífica, donde se han identificado múltiples focos de infección, incluyendo en el Chocó.

Fuente: INS.

 
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a las fuerzas de seguridad del Estado para que garanticen la protección de las comunidades y restablezcan el derecho a la libre movilidad, vital para el acceso a servicios de salud y educación. Asimismo, ha instado a los grupos armados a cesar las hostilidades que continúan vulnerando los derechos humanos de las poblaciones más afectadas por el conflicto.
 

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