Edición Médica

Erika Guevara Rosas, directora de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional.

Redacción. Bogotá
Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han solicitado a la Corte Constitucional Colombiana que la regulación del aborto se efectúe por fuera del derecho penal, y que sea incluido como parte de la regulación de los servicios de Salud sexual y reproductiva.
 
La directora de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha enviado un documento de 25 páginas al magistrado Antonio José Lizarazo, quien tiene a cargo el estudio de la demanda que busca despenalizar el aborto en Colombia.
 
En el documento, Guevara ha expuesto al magistrado que la despenalización del aborto debe ser aprobada, para que la regulación de los servicios de los derechos sexuales y reproductivos se relacionen con los estándares del derecho humano a la vida, la seguridad, la salud, la integridad personal, la igualdad, y a estar libre de torturas, tratos crueles e inhumanos.
 
“Las regulaciones o normativas relacionadas con el aborto deben ser compatibles con los derechos humanos; es decir, no pueden estar diseñadas de modo tal que busquen limitar, disuadir o demorar el acceso a este servicio de salud en condiciones seguras”, ha indicado Guevara en el escrito.
 
Asimismo, la directora ha enfatizado que, “de establecerse límites en el tiempo de gestación para realizar el aborto, es necesario garantizar servicios integrales durante todo el embarazo, y sin discriminación alguna”.
 
Por su parte, el coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Colombia, Alejandro Arantegui, ha expresado su apoyo a la despenalización del aborto, de igual forma, ha dado a conocer a la Corte Constitucional que, desde la organización humanitaria han podido identificar que parte de la ayuda que las mujeres les solicitan, tiene que ver con embarazos no deseados.
 
La Organización de Médicos Sin Fronteras ha informado que, el 47 por ciento de 428 mujeres consultadas, pensaba que el aborto estaba penalizado, tampoco tenían conocimiento de sí podrían acceder a este procedimiento de forma segura, mientras que el 5 por ciento ha sido rechazada, maltratada o estigmatizada, y a un 27 por ciento le fue negada por parte de prestadores de servicios de Salud.
 
“El maltrato sufrido por mujeres y niñas se manifestó de múltiples formas: prolongados tiempos de espera al darse prioridad a otras pacientes, ingreso de un mínimo de 12 horas, independientemente de su edad gestacional (lo que las expone a comentarios desagradables y atenta contra su intimidad), desatención, indiferencia e, incluso, negación de analgesia o dilatación en la atención médica al exigirse a las pacientes pruebas innecesarias”, ha explicado la organización.
 
Lo que sucede en zonas más apartadas de Colombia
 
En el documento, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha evidenciado a la corte que, en las zonas más apartadas del país, el personal médico se oponía a dar información a las mujeres sobre los derechos que tienen en relación con el aborto y en qué causales, además de su negativa por atender complicaciones de salud causadas por el aborto.
 
De acuerdo con la organización, el 53 por ciento de las solicitudes de aborto se hicieron en Buenaventura, el 38 por ciento de Tumaco, y el porcentaje restante en zonas remotas de Arauca, Chocó y Norte de Santander.
 
“La edad de las solicitantes iba de los 12 a los 46 años, de los cuales el 83 por ciento eran menores de 30 años y el 34 por ciento eran niñas y adolescentes de entre los 12 y los 19 años. Hasta un 3 por ciento de las mujeres que acudieron a MSF para solicitar una IVE reconocieron haber intentado un método alternativo no seguro antes de llegar a nuestro servicio, como la ingestión de hierbas, automedicación e incluso la introducción de objetos o los golpes”, ha señalado MSF.
 
El dato
 
Al momento en Colombia, las únicas causas válidas para que una mujer pueda realizarse un aborto son; cuando existe peligro en la salud física o mental de la mujer, en caso de malformación del feto, o por violación.
 
Por ello, los 2 organismos internacionales han esclarecido que el aborto debe legal en cualquier caso, para asegurar que las mujeres puedan realizar este tipo de procedimientos en condiciones 100 por ciento seguras y donde no pongan en riesgo su vida.
 

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