Edición Médica

Diego Fernando Gil Cardozo, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Con una petición perentoria al Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, la Mesa de Crisis busca defender y hacer respetar el derecho a la salud de los colombianos.
 

La falta de entrega de medicamentos, la suspensión de tratamientos, la escasez de citas y procedimientos quirúrgicos, así como el cierre de servicios en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), han puesto en riesgo la vida de millones de colombianos.
 
La Mesa de Crisis, conformada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y reanimación (SCARE), Assosalud, los Colegios Médicos de Cundinamarca y Bogotá, Antioquia, Cauca y Santander, las organizaciones de trabajadores y pacientes, asociaciones de usuarios y grupos académicos, han declarado la existencia de una crisis humanitaria en el sistema de salud y solicitan a los entes de control que intervengan para evitar un agravamiento de la situación.
 
Al respecto, Diego Fernando Gil Cardozo, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), ha expresado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA que “el sistema de salud se está derrumbando, y eso se evidencia en los retrasos en la entrega de medicamentos, la suspensión de citas y el cierre de servicios. Hoy la atención ha llegado a un punto crítico”.
 
Para Gil Cardozo, insistir en una reforma al sistema de salud en este contexto solo profundizaría el caos. “En vez de ofrecer soluciones reales y urgentes, el Gobierno sigue promoviendo un cambio que pone en riesgo la vida de miles de colombianos. ¿Cuántas alertas más se necesitan para actuar? No podemos permitir que sigan jugando con la salud y la dignidad del pueblo”, ha insistido.
 
Asimismo, ha denunciado la inacción del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalando que aún no se han garantizado recursos suficientes para 2024 y 2025. Además, la mesa técnica que debe definir la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no ha mostrado avances concretos, lo que agrava la crisis financiera del sector.
 
Las exigencias de la Mesa de Crisis
 
Las organizaciones de pacientes advierten sobre una vulneración masiva del derecho a la salud, reflejada en más de 1,6 millones de peticiones, quejas y reclamos (PQR). Las principales barreras incluyen la interrupción de tratamientos, la falta de citas y la suspensión de procedimientos esenciales.
   
Por su parte, las asociaciones médicas y de trabajadores del sector denuncian que la escasez de insumos y medicamentos compromete la calidad y seguridad en la atención a los pacientes. También alertan sobre el cierre de servicios asistenciales por falta de recursos económicos en las IPS, siendo Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca y Atlántico las regiones más afectadas. La acumulación de deudas por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) ha impactado incluso el pago de los trabajadores del sistema de Salud.

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