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Colombia | Ecuador
Salud Pública
SUPERVISAR EL PROCESO
Ministro de Salud sancionado por incumplir sentencia sobre pesticida tóxico
El fallo de tutela, T-343 de 2022, había establecido la retirada progresiva del clorpirifós en un plazo de seis meses
Miércoles, 18 de diciembre de 2024, a las 11:37

Guillermo Jarmillo, ministro de Salud.


Redacción. Bogotá
El Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ha impuesto una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por desacatar una sentencia de tutela emitida por la Corte Constitucional que ordenó la suspensión de la comercialización del pesticida clorpirifós en Colombia.
 
El fallo de tutela, T-343 de 2022, había establecido la retirada progresiva del clorpirifós en un plazo de seis meses debido a los riesgos que este pesticida representa para la salud pública, especialmente en niños y trabajadores agrícolas. La sentencia ordenada al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ejecutar la suspensión y al Ministerio de Salud acompañar y supervisar el proceso.
 
Aunque el ICA avanzó en las medidas necesarias, el juzgado consideró que el Ministerio de Salud no cumplió con su obligación de garantizar la coordinación efectiva. Según el tribunal, este incumplimiento negligente ha derivado en un incidente de desacato abierto el pasado 5 de diciembre.
 
El juzgado ha responsabilizado directamente al ministro Jaramillo, calificando su conducta como negligente en la implementación de las medidas ordenadas. De acuerdo con el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991, se le impuso una sanción de arresto de tres días y una multa. Además, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para determinar si el incumplimiento podría constituir un delito, abriendo la posibilidad de nuevas sanciones.
 
El clorpirifós , un insecticida ampliamente utilizado en la agricultura, ha sido vinculado a trastornos neurocognitivos en niños y enfermedades respiratorias, lo que llevó a su prohibición en varios países. En Colombia, la sentencia T-343/22 representó un avance en la protección de la salud pública al abordar los riesgos de este químico.
 
Sin embargo, la falta de acción del Ministerio de Salud pone en evidencia los desafíos de coordinación interinstitucional y puede afectar la confianza de la ciudadanía en las autoridades responsables de garantizar su bienestar. Aunque el ICA cumplió parcialmente con su responsabilidad, el acompañamiento deficiente del Ministerio comprometió el cumplimiento pleno de la sentencia.
 

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