Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre un incremento del 5,36 por ciento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 ha generado una oleada de críticas desde múltiples sectores del sistema de salud en Colombia. Actores clave, como gremios empresariales, asociaciones de pacientes y organizaciones médicas, habían solicitado un ajuste cercano al 16 por ciento, argumentando que este era necesario para mitigar el impacto de los crecientes costos operativos y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
   

Sin embargo, la decisión del gobierno ha sido vista como insuficiente y desconectada de los análisis técnicos. Según han manifestado los expertos, este incremento no cubre los efectos de la inflación ni responde a las necesidades financieras de las EPS e IPS, que ya enfrentan serias dificultades operativas. Además, contrasta con el aumento del salario mínimo para 2025, fijado en un 9,54 por ciento, lo que agrava la brecha financiera del sistema de Salud.
   

Crisis en los programas de salud y medicamentos
 
Organizaciones como la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO) han expresado su preocupación por las consecuencias de este limitado incremento. Según ha indicado el gremio, el déficit acumulado y la insuficiencia de recursos afectan directamente la calidad y sostenibilidad de programas críticos, como los trasplantes de órganos. Esto pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales, la administración de medicamentos de alto costo y la viabilidad de los órganos trasplantados, con efectos desproporcionados sobre los pacientes más vulnerables.
 
En un comunicado, Rubén D. Luna A., presidente de ACTO, ha enfatizado la necesidad de decisiones basadas en criterios técnicos y no en intereses políticos o ideológicos. Por su parte, Carolina Guarín, directora ejecutiva de ACTO, instó al Gobierno a abrir espacios de diálogo con pacientes, gremios y expertos del sector para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

 

Respuestas desde el Gobierno
 
En medio de la polémica, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dejado abierta la posibilidad de revisar el valor de la UPC. “No estamos cerrados a la banda, se puede corregir la UPC”, manifestó en una entrevista a radio FM, recordando que en gobiernos anteriores este valor ha sido ajustado en contextos críticos.
 
Asimismo, el ministro ha propuesto la conformación de una mesa técnica, integrada por empresarios, universidades, entes de control y EPS, para determinar un mecanismo que permita ajustar la UPC y obtener los recursos adicionales que el sistema necesita con urgencia.
 
Impacto en el sistema de salud y pacientes
 
Es de recalcar que, el año 2024 ha sido descrito por muchos como el año más complejo para el sistema de salud colombiano desde su creación. Con este limitado incremento de la UPC, se prevé que el 2025 será aún más desafiante, especialmente para las EPS y las IPS. Las proyecciones apuntan a un aumento de las barreras de acceso a servicios de salud y medicamentos, lo que afectará directamente a los pacientes, en particular a aquellos de menores recursos.
 
Frente a este panorama, gremios y organizaciones han hecho un llamado a analizar esta decisión con base en criterios técnicos y a priorizar el bienestar de los pacientes sobre cualquier enfoque político o populista. Se insiste en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema y la calidad de los servicios, pilares fundamentales para proteger el derecho a la salud en Colombia.

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