Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha solicitado a la Corte Constitucional precisiones sobre el Auto 007 de 2025, mediante el cual la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 declaró la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024. Según ha argumentado la cartera de salud, la decisión se basó en afirmaciones sin sustento técnico de agremiaciones y Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que genera dudas sobre su fundamentación y alcances normativos.

Asimismo, en su solicitud, el Ministerio ha planteado la ausencia de estudios técnicos que respalden la declaratoria de insuficiencia de la UPC. Además, requiere precisiones sobre cuál sería el monto que la Corte considera suficiente para financiar los servicios de Salud.

El Ministerio también ha expresado preocupación sobre la posible anulación de la Resolución 2364 de 2023, que fijó el valor de la UPC para el 2024 y cuya suspensión provisional fue negada previamente por el Consejo de Estado. La incertidumbre sobre la competencia para modificar la UPC y el rol del Ministerio en este proceso es otro punto que requiere clarificación.

Sobre la orden de la Corte Constitucional

Una semana después de abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir una orden de 2023 sobre presupuestos máximos, la Sala de Seguimiento a la sentencia T760 de 2008 emitió un nuevo auto. Este declaró que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024 fue insuficiente y que existe un incumplimiento general asociado a esta falta de recursos.

La Corte concluyó que el Ministerio de Salud no demostró la suficiencia de la UPC y señaló que el mecanismo para fijarla necesita actualizarse, incluyendo nuevas variables. Además, se requiere revaluar factores como la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas y el rezago en su cálculo.

La Sala advirtió que esta insuficiencia podría afectar los montos mínimos que las EPS deben tener en sus cuentas, según la ley. Aunque el Ministerio alegó un uso indebido de la UPC, no presentó pruebas para iniciar investigaciones al respecto.

Dudas sobre la creación de una mesa técnica

Cabe mencionar que, el Auto 007 ordena la conformación de una mesa de trabajo en la que participen el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Superintendencia de Salud, las EPS, IPS, asociaciones de pacientes y el sector académico. El objetivo se centrará en revisar la UPC y lograr su suficiencia.

Sin embargo, el Ministerio ha advertido que la instrucción carece de lineamientos claros sobre su implementación, especialmente en cuanto a la representatividad de los actores y el mecanismo de decisión. También se plantea el riesgo de generar conflictos con las normas vigentes sobre fijación de la UPC, competencia que la ley asigna exclusivamente al Ministerio de Salud.

Planeación financiera del sistema de Salud

Otro punto crítico es la orden de realizar ajustes ex post a la UPC. La Corte ha ordenado que el valor de la UPC se puede modificar después de haber sido fijado, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definitivo. Es decir, si la inflación real es mayor a la proyectada, se haría un ajuste posterior para compensar la diferencia. No obstante, el MSPS considera que permitir estos ajustes altera las reglas del aseguramiento en salud y puede generar inestabilidad en el financiamiento del sistema, basado en la gestión de riesgo y la previsibilidad de los costos.

El MSPS también ha enfatizado la necesidad de claridad sobre las implicaciones del pronunciamiento de la Corte, ya que podría generar riesgos legales y disciplinarios para los funcionarios de la cartera de salud, quienes se verían obligados a ejecutar medidas que podrían contradecir el marco normativo vigente.

El Ministerio de Salud espera una pronta respuesta de la Corte Constitucional para aclarar estos puntos y definir el curso de acción respecto a la suficiencia de la UPC y la operatividad de la mesa técnica. Mientras tanto, los actores del sistema de salud siguen atentos al desenlace de este debate, que impactará la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios en el país.