Edición Médica

Senado discutirá el 3 de abril reforma a la Salud.

Redacción. Bogotá
Ante la ponencia alternativa presentada por el senador Fabián Díaz el pasado 26 de marzo y el informe financiero emitido por el Ministerio de Hacienda el 20 de marzo en relación con el proyecto de ley 339/2023, el Pacto por una Mejor Salud, conformado por varios actores del sector, incluyendo usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de la salud, el sector farmacéutico y líderes del sector, ha expresado su inquietud.
 
En relación con la ponencia alternativa, se ha observado que los cambios introducidos no abordan las preocupaciones expresadas por la mayoría de los actores del sector ni las dudas y objeciones planteadas en su ponencia negativa por los honorables senadores de la Comisión VII, Lorena Ríos Cuellar, Nadia Blel Scaff, Miguel Ángel Pinto Hernández, Norma Hurtado Sánchez, Josué Alirio Barrera, Honorio Henríquez Pinedo, Berenice Bedoya Pérez, José Alfredo Marín Lozano y Ana Paola Agudelo García.
 
La organización ha manifestado que, pese al esfuerzo y las buenas intenciones del Senador Díaz, las modificaciones propuestas en la denominada ponencia alternativa no conducen a mejoras estructurales frente al texto del proyecto gubernamental, ya que, persiste la eliminación del aseguramiento en salud y se mantiene la regresividad en relación con los derechos adquiridos por los ciudadanos, entre otros aspectos.
 
Adicional a ello, en la nueva ponencia, se reproducen las mismas confusiones conceptuales y operativas respecto al rol y responsabilidad de los actores en el sistema; carece de respaldo fiscal; no reconoce los avances en el goce efectivo del derecho a la salud; no resuelve las dificultades que enfrenta el sistema de salud; no garantiza la transparencia en la gestión de los recursos financieros del sistema y carece del consenso mayoritario de los actores del sector.
 
En cuanto al informe del Ministerio de Hacienda, Pacto por una Mejor Salud ha asegurado que no difiere significativamente del anterior, emitido por la misma entidad en noviembre de 2023, en el sentido de que no respalda fiscalmente el mencionado proyecto de ley. Según el documento, las cifras contenidas en él están sujetas a ajustes durante el trámite legislativo y a los datos proporcionados por el Ministerio de Salud y Protección Social para refinar las proyecciones. El Ministerio de Hacienda indica que está a la espera de los insumos del Ministerio de Salud para comprender los supuestos detrás de las cifras proporcionadas.
 
Asimismo, en el comunicado han enfatizado que, el informe no profundiza en la totalidad de los supuestos que deben tenerse en cuenta. Aunque menciona los supuestos para la proyección de los ingresos para el sector salud, no hace lo mismo con la estimación de los costos de la reforma propuesta. Respecto a los ingresos, destaca que los recursos obtenidos por el Sistema General de Participaciones dependerán del comportamiento de los ingresos tributarios.
   
Sin embargo, sin claridad sobre las funciones de estas instancias, Pacto por una Mejor Salud asevera que no es posible asegurar que no se necesitarán recursos adicionales. Además, la estimación del informe sobre el ingreso proyectado versus el gasto proyectado muestra un déficit de 2.9 billones de pesos en el primer año de implementación (2025), con déficits anuales acumulados de 15.1 billones de pesos hasta 2033, expresados a precios constantes de 2024.
 
Lo que indica que el gobierno nacional tendría que recortar recursos de otros sectores o buscar recursos adicionales a través de una reforma tributaria, reconociendo que no hay margen fiscal para asumir los gastos adicionales de la reforma.
 
Es importante destacar que el documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoce explícitamente la insuficiencia de recursos, estimando un déficit de 2.5 billones de pesos para financiar la Unidad de Pago por Capitación del 2024 y una cifra cercana a 3.4 billones de pesos para financiar los presupuestos máximos del mismo año. Esto subraya la necesidad de una discusión profunda para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.
 
Por último, el organismo recalca que la incertidumbre en el sector se incrementa día a día y las ponencias positiva y alternativa, presentadas en la Comisión VII del Senado, no abordan las dificultades que enfrentan los pacientes y usuarios para acceder oportunamente a los servicios de salud.
 
Además, de no abordar la grave situación financiera que afecta a toda la cadena de valor del sistema, incluyendo aseguradores, clínicas, hospitales, proveedores de insumos y, sobre todo, usuarios y pacientes, quienes experimentan una interrupción en la recepción regular de atención médica y medicamentos.

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