Edición Médica

Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada.

Redacción. Bogotá
Una Reforma a la Salud se encuentra ad-portas de ser implementada en Colombia, pero también está el riesgo de no concretar su aprobación debido a diferencias dentro del sector Salud. Uno de los principales puntos que ha sido fuertemente criticado y debatido es el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual determina los recursos que el Estado transfiere a las EPS para garantizar la atención integral de los afiliados, incluyendo todos los servicios del plan de beneficios en Salud.
   
Es de recordar que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, había declarado a medios locales que este 2024 se incrementó un 12,01 por ciento la UPC. De acuerdo con la normatividad vigente, si no se define un incremento antes del 31 de diciembre de 2024, este se calculará automáticamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se proyecta en 5,1 por ciento para el cierre del año.
 
No obstante, expertos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) han considerado insuficiente dicho porcentaje, recomendado un aumento del 16 al 18 por ciento para enfrentar las demandas del sistema y su sostenibilidad. Jaramillo también aseveró que no han recibido un estudio que justifique un aumento del 16 por ciento, ya que, los análisis hechos por el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia de Salud, basados en datos concretos, no apoyan esa cifra.
   

Exhortación al rigor técnico y transparencia
 
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación ha emitido una solicitud formal al ministro de Salud para que se entregue información detallada sobre la metodología y análisis utilizados para definir el incremento de la UPC para el año 2025. La entidad ha hecho un llamado a conformar este proceso de forma técnica y participativa; de manera que se ajuste a la sostenibilidad del sistema de salud, sin dejar de lado la protección de los derechos fundamentales de los colombianos.
 
Por su parte, Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada, ha instado al Ministerio de Salud y a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas a garantizar que el cálculo de la UPC se base en elementos actuariales, datos representativos y ajustes que reflejen cambios demográficos y epidemiológicos. El organismo también destacó la importancia de implementar sistemas robustos de información que validen los datos reportados por las EPS, identifiquen desviaciones y aseguren la calidad de la información utilizada.
 
Entre la información requerida por la Procuraduría se encuentran:
   
Crisis financiera y humanitaria

Asimismo, en su comunicado, la Procuraduría alertó que la crisis financiera del sistema de salud ha escalado a una crisis humanitaria, afectando el derecho fundamental a la salud. Resaltó que un ajuste insuficiente de la UPC podría profundizar esta situación y subrayó la necesidad de una intervención efectiva por parte del Ministerio.
 
“La implementación de un cálculo ajustado y técnicamente fundamentado de la UPC permitirá superar esta difícil situación y garantizar la sostenibilidad del sistema”, ha enfatizado el organismo, por lo que ha solicitado considerar las recomendaciones de expertos y gremios para tomar decisiones fundamentadas.
 
Este llamado de la Procuraduría se suma a las voces del sector salud que exigen medidas concretas para enfrentar los desafíos actuales y garantizar una atención digna y sostenible para los colombianos.

---