Edición Médica

Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali.

Karen Juliete Rojas Gaitán. Bogotá
La Secretaría de Salud de Cali ha advertido que, desde hace aproximadamente 12 años, el servicio de traslado de pacientes en ambulancias en Cali ha dejado de ser exclusivo de la autoridad local en salud y se descentralizó. Ahora solo transportan personas de atención domiciliaria y en caso de siniestros viales.
 
De acuerdo con la entidad de Salud, han surgido empresas de ambulancias a la par que instituciones de salud dedicadas al Soat. Se trata de IPS que estimulan la no adherencia de las ambulancias al proceso regulatorio que es el CRUE o Secretaría de Salud.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali, ha agregado que “se abre una ventana en lo normativo”, ya que, existen denuncias de incentivos económicos, lo que hace evidente la proliferación de mafias dedicadas a promover la guerra de las ambulancias en la ciudad.
 
 “Comienzan a surgir empresas de ambulancias que, simplemente, cumplían con los requisitos básicos de ley como habilitación en una unidad móvil. Entonces empieza la guerra de traslados de pacientes de hechos ocurridos en la calle, la mayoría en accidentes de tránsito, precisamente por esa falta de normatividad, por ese vacío jurídico”, ha explicado Torres Agredo.
 
La secretaria de salud también ha enfatizado que en el tema de la habilitación “la norma está bien, pero tiene debilidades como, por ejemplo, las competencias que debe tener el personal, el conductor de la ambulancia y el resto de la tripulación. Se debe ser un poco más exigente en el perfil de esas personas y de los empresarios que administran esas empresas”.
   
De acuerdo con la funcionaria debería existir “una única línea para toda la ciudad, porque solo así podemos tener un control. Se pide una ambulancia e inicia un proceso que va a garantizar tanto la seguridad del paciente como el orden en la ciudad. También se va a garantizar que llega una sola ambulancia, que cumple con todas las condiciones y que el paciente será trasladado a una IPS segura”.
 
Con respecto a los estímulos financieros pagados por instituciones, Torres Agredo ha enfatizado que esperan que esto “haya disminuido merced a nuestro trabajo como autoridad en Salud Pública. Ese es el último punto en la ruta, dejar esos incentivos y tener herramientas para que la gente denuncie y las entidades competentes realicen sus investigaciones”.
 
El dato
 
El 92 por ciento de los hallazgos durante los controles de la Secretaría de Salud Pública Distrital, tienen que ver con no respetar las normas de tránsito.  

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