Edición Médica

De acuerdo con la CAC, un gran número de colombianos con VIH todavía no conocen su estado serológico.

Redacción. Bogotá
Como parte del compromiso adquirido por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social para el acceso equitativo de medicamentos en el tratamiento de VIH, la decisión de declarar razones de interés en salud pública sobre la patente de Dolutegravir permitió habilitar una licencia obligatoria que amplíe su distribución. No obstante, nuevas barreras de acceso están comprometiendo la continuidad de los tratamientos de estos pacientes, según ha advertido la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN).
   

En un comunicado, el gremio ha expresado su preocupación ante las disposiciones de la Circular Externa No. 006 de 2025 y la Resolución 2164 de 2024, emitidas por el Ministerio de Salud, las cuales imponen restricciones en el acceso a tratamientos para personas que viven con VIH. Según la ACIN, estas medidas pueden llegar a afectar la personalización de la terapia, incrementar barreras administrativas y comprometer la atención de casos urgentes.
   
Uno de los principales puntos que ha preocupado a la ACIN es la restricción en la prescripción del tenofovir-lamivudina-dolutegravir (TLD), un tratamiento de primera línea para la atención del VIH. La normativa establece que solo ciertos pacientes podrán acceder a este esquema, dejando por fuera a quienes necesitan cambiar de terapia debido a eventos adversos o falta de respuesta al tratamiento actual.
   
Aproximadamente 50,000 personas, incluidos recién diagnosticados, pacientes con fallo virológico y migrantes, accedieron a una terapia más efectiva y segura, según había confirmado la cartera de Salud.  Cabe mencionar que, el TLD, adquirido a través del Fondo Estratégico de la OPS, suprime la replicación del virus, reduce la carga viral a niveles indetectables y mejora la adherencia al tratamiento, contribuyendo a la prevención del VIH.
 
Uso inadecuado de MIPRES y aumento de carga administrativa

En el documento, la ACIN también señala que la obligatoriedad de utilizar la plataforma MIPRES para la prescripción de TLD y otros antirretrovirales financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) genera procesos innecesarios que pueden retrasar el acceso a los medicamentos.
 
El gremio enfatizado que MIPRES ha sido diseñado originalmente para la formulación de tecnologías no financiadas por la UPC, según la Resolución 1885 de 2018, y su implementación en el acceso a antirretrovirales aumenta la carga administrativa para el personal de salud, reduciendo el tiempo disponible para la atención de pacientes con enfermedades crónicas como el VIH.
 
Impacto en la profilaxis postexposición y atención de emergencias
 
Otro aspecto crítico es la afectación en el acceso a la profilaxis postexposición (PEP), una estrategia clave en la prevención del VIH en casos de exposición accidental o abuso sexual. Si bien el protocolo establece que este tratamiento debe administrarse en un plazo máximo de 72 horas, la inclusión de MIPRES como requisito podría retrasar su administración, aumentando el riesgo de contagio y generando revictimización en las personas afectadas.
 
El informe de la ACIN también ha subrayado la falta de claridad en los procedimientos para la solicitud, obtención y entrega de antirretrovirales bajo el nuevo modelo de contratación con aseguradores y prestadores especializados. Esta incertidumbre podría afectar la adherencia al tratamiento, poniendo en riesgo la salud de los pacientes y el control epidemiológico del VIH en Colombia.
 
Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Infectología ha solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social reconsiderar las disposiciones establecidas en la Circular Externa No. 006 de 2025 y la Resolución 2164 de 2024, y abrir un espacio de diálogo con sociedades científicas, organizaciones de pacientes y expertos en VIH. El objetivo es construir estrategias que garanticen el acceso oportuno, equitativo y eficiente a los tratamientos, respetando la autonomía médica y priorizando la calidad de la atención.
 
Diagnóstico y tratamiento de VIH en Colombia
 
Según ONUSIDA, en 2023 se estimó que había 230.000 personas viviendo con VIH en Colombia. En 2024, se informaron a la CAC 185.954 casos, cifra inferior a la estimación de ONUSIDA, lo que indica que muchas personas todavía no conocen su estado serológico. Para reducir esta brecha, es necesario garantizar el acceso a pruebas diagnósticas, tratamiento y atención integral, siguiendo el camino de los derechos humanos.
 
En Colombia, en 2024, el 80,38 por ciento de las personas con VIH están recibiendo Terapia Antirretroviral (TAR), lo que muestra una disminución del 3,34 por ciento en comparación con 2023. El acceso a la TAR es desigual según la región, destacando que el Pacífico y Bogotá presentan la cobertura más baja. Además, en todas las regiones, el cumplimiento de los tratamientos sigue siendo bajo.

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